Las pobladoras y los pobladores denunciaron ante la Profepa que la empresa Gamkov Desarrollos está vendiendo de manera fraudulenta lotes de su territorio, el cual se encuentra en un área de gran valor ecológico.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 14 de julio de 2022.- Pobladoras y pobladores mayas del municipio de Ixil denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que la empresa inmobiliaria Gamkov Desarrollos está vendiendo de manera fraudulenta lotes de su territorio, con la intención de despojarlos y provocar daños ambientales.

En rueda de prensa, previó a la Sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en el que participan autoridades ambientales de México, Estados Unidos y Canadá, denunciaron públicamentelos efectos devastadores de la especulación inmobiliaria en Yucatán.

En el caso específico de Ixil, señalaron que la compañía Gamkov anuncia en su página internet el desarrollo inmobiliario llamado Aludra y por lo tanto vende lotes de manera ilegal, ya que se tratan de tierras que pertenecen al área de influencia de la Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares

Por tal razón, advirtieron que seguramente no cuentan con autorización ambiental, por lo que hicieron un llamado a la Profepa a que lo investigue y evite daños irreversibles en su entorno.

Una de las pobladoras, Alejandra Kantún Chim, declaró que el área afectada tiene un gran valor ecológico, pues es selva caducifolia colindante con ecosistemas amenazados y protegidos, como el calichal, la sabana yucateca, el manglar y la ciénaga.

Explicó que esa zona está designada para fines de conservación dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán (POETCY), por lo que exhortó a evitar la destrucción de la selva y preservar de este modo también la salud de los ecosistemas

Por su parte, Henry Zaldívar Novelo señaló que la empresa afirma en su página web que ha vendido casi todos los 319 lotes de la primera etapa y están por hacer lo mismo con otros 349  de la segunda. “Pretenden construir una nueva ciudad en medio de la selva, en un área sin infraestructura ni servicios. Los compradores deberían ser muy precavidos con este tipo de empresas”, advirtió.

 En su turno, la académica María Teresa Munguía Gil, de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), explicó que la comunidad ya denunció este desarrollo ante la Procuraduría Agraria y obtuvo confirmación de que las tierras en las cuales se están vendiendo los lotes corresponden al ejido de Ixil y son de uso común.

“A menudo los desarrolladores inmobiliarios venden sus lotes sin contar con base legal y luego maniobran para legalizar sus operaciones sobre la base de hechos consumados, bajo el principio de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero en el caso de Ixil se enfrentan a una comunidad organizada que no permitirá este atropello”, señaló.

La docente declaró que la mafia agraria de Yucatán está integrado por funcionarios públicos, abogados y hasta ejidatarios, y que en el caso de Ixil los nombres que más suenan son los de Alejandro Escoffié y Rafael Acosta Solís.

“Esta mafia no es una persona, es todo un sistema de corrupción institucional que se brinca las leyes y lo que busca es despojar a los ejidos para echar andar desarrollo sin base legal”, subrayó Munguía Gil.

Sobre este mismo punto, Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, informó que dichos personas intentaron hace algunos años inscribir una acta ilegal ante el Registro Agraria para privatizar aproximadamente 5 mil 300 hectáreas de uso común en esa localidad, pero los ejidatarios se organizaron y lo evitaron, por lo que este ilícito ya está judicializado.

Sin embargo, dijo, siguen vendiendo, rentando y dando en usufructo los terrenos y lotes sin tener ninguna base legal. Por tal razón, hizo un llamado a las autoridades a reforzar las políticas públicas y el marco legal para frenar ese modelo de desarrollo de despojo y que provoca impactos ambientales y sociales en Yucatán.

También recalcó que se están vendiendo lotes en numerosas áreas donde el Ordenamiento Ecológico vigente no permite construir, ya que son de gran importancia ecológica y sumamente vulnerables al cambio climático.

“Los ecosistemas que se están destruyendo son vitales para mitigar los impactos de huracanes e inundaciones, y para hacer frente a la subida del nivel del mar, por eso las autoridades ambientales deben clausurar los desarrollo que se hayan iniciado de forma irregular”, insistió.