Con la suspensión provisional dictada por el Juzgado Primero, los pobladores mayas podrán nuevamente abrir los caminos cosecheros para acceder sin restricciones a las tierras de cultivo, las cuales actualmente están aseguradas por la Fiscalía y la SSP.

Por Redacción

Ixil, Yucatán, 10 de noviembre de 2023.- La comunidad maya de Ixil informó que el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán emitió una suspensión provisional relativa al amparo 1494/2023, el cual  deja sin efecto una orden de aseguramiento emitida por la Fiscalía General del Estado sobre el caso de un terreno de uso común en el que está en conflicto con empresarios dedicados a la especulación de tierras.

Dicha orden fue implementada desde el 17 de agosto pasado mediante un violento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que resultó en el cierre de cientos de hectáreas de esas tierras en las que cultivan familias indígenas y campesinas.

La comunidad de Ixil indicó que las familias empresariales Abimerhi y Millet, que tienen fuertes vínculos políticos yucatecos, han intentado apropiarse de estas tierras comunitarias desde agosto de 2022. Con la complicidad de la Fiscalía, en la recta final del sexenio, dichas familias están marcando lotes en las tierras comunitarias para avanzar en la planeación de un megaproyecto inmobiliario.

Precisaron que la orden de aseguramiento, emitida en el marco de una supuesta investigación de la cual la comunidad no tiene conocimiento, está siendo utilizada para despojar a la comunidad a través de hechos consumados, intentando imponer los intereses económicos de familias de la élite yucateca a costa del sustento, cultura, medio ambiente y territorio de la comunidad maya de Ixil.

Desde entonces, la SSP mantiene varias unidades policiacas de manera permanente en las tierras de Ixil para impedir que la comunidad retire los alambres de púas que impiden el acceso con vehículos a caminos cosecheros y tierras de cultivo. Esto dificulta la producción agrícola en el área asegurada, al tener que transportar a pie tanto las herramientas de trabajo como los productos agrícolas de Ixil que se venden diariamente en el mercado local y de Mérida.

Por tal razón, la suspensión provisional ordena a las autoridades responsables que “giren las instrucciones pertinentes a fin de que se permita acceso a los pobladores a dicho territorio que poseen”.

Por tanto, la comunidad de Ixil podrá nuevamente abrir los caminos cosecheros para acceder sin restricciones a las tierras de cultivo y a los proyectos comunitarios que se ejecutan en su territorio.

En ese sentido es preciso señalar que el Juez Primero de Distrito consideró que la suspensión debía concederse para “no causar daños de difícil reparación”, dado que las consecuencias del aseguramiento de la Fiscalía afectan espacios territoriales de la comunidad, pues impiden el ingreso de sus habitantes a las actividades y proyectos que han venido desarrollando, limitación que podría generar riesgo de la pérdida y afectación del desarrollo de esas actividades agrícolas y comunitarias.

Si bien la medida cautelar es provisional, existen todos los elementos para que el Juzgado Primero dicte, en su momento la suspensión definitiva, de tal manera que se garantice el acceso de la comunidad a su territorio hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo.

En ese sentido resalta el criterio protector del Juez Primero, que ponderó el derecho al territorio de la comunidad y las afectaciones que la medida de la Fiscalía causa, en contraste con lo señalado en su momento por el juzgado Quinto de Distrito, quien al negar la suspensión dentro del amparo 1366/2023, presentado por un amplio número de integrantes de la comunidad, no consideró la afectación territorial que dicha medida causa a la comunidad.

La asamblea comunitaria de Ixil, organizada desde 2019, recalcó que con esta y otras victorias legales ha logrado detener despojos de tierras ejidales y comunitarias, así como megaproyectos inmobiliarios y energéticos.