Durante las comparecencias de la directora y el Comité de Expertos, se indicó que se requiere cambiar la Ley del Isstey ante la crisis económica.

Diputados pidieron no dañar los derechos de los trabajadores.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 3 de junio de 2022.- Durante sus comparecencias en el Congreso del Estado, la directora del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), María Isabel Heredia Rodríguez, y los integrantes del Comité de Expertos aseguraron que dicha dependencia ya no tiene reservas y que de no cambiar su ley para resolver la situación económica, quebraría en el año 2027.

Ante diputados de la Comisión Especial para Atender la Situación del Isstey, hicieron énfasis en que actualmente existe un déficit entre lo que ingresa a las arcas en cuotas y servicios y lo que se utiliza para pagar las pensiones, pues actualmente se eroga más de 101 millones de pesos mensuales en la nómina.

María Isabel Heredia indicó que para que la crisis económica del Isstey no se vuelva insostenible ni imparable es necesario revisar su marco normativo, pues la ley actual data de la década de los 70 y en los últimos tres años ha aumentado 66 por ciento el monto que el Gobierno del Estado tiene que ejercer para cubrir las prestaciones de los trabajadores.

Dijo que actualmente hay 31 mi derechohabientes y 7 mil 500 jubilados, es decir, por cada persona que recibe el pago de su jubilación hay cuatro burócratas en activo, situación que impacta las finanzas de la dependencia. De hecho sostuvo que en los últimos meses ha crecido exponencialmente la cifra de las solicitudes de jubilaciones, por lo que la situación económica se está complicando.

La funcionaria estimó que para este 2022 habrá mil nuevas jubilaciones de trabajadores del Isstey, lo que influirá en que empeore la crisis.

Por su parte, el actuario Roberto Díaz García, en representación del Comité de Experto, indicó que actualmente el Isstey no cuenta con reservas líquidas, por lo que aunque venda sus bienes e inmuebles, quebraría en el año 2027.

También hizo énfasis en que las condiciones demográficas han cambiado en las últimas décadas en Yucatán, pues por ejemplo, las personas pueden llegar a vivir hasta los 76 años de edad, lo que implica que se les tenga que pagar durante más tiempo sus jubilaciones o pensiones, lo que afecta directamente los recursos de la dependencia.

Durante la reunión de trabajo, tanto el diputado del PRD, Eduardo Sobrino Sierra, como el del PRI, Gaspar Quintal Parra, hicieron un llamado a que no se dañe ni vulnere los derechos adquiridos de los trabajadores del Estado cuando se presenten los planteamientos para solucionar la situación financiera.

El priísta aprovechó para criticar la desinformación que se ha generado en los últimos meses en torno al futuro del Isstey, por lo que pidió que se realice un trabajo serio y sin demagogias para buscar resolver el problema. También reconoció que el modelo de pensiones se agotó tanto en Yucatán como en otras puntos del país.

Mientras tanto, el morenista Rafael Echazarreta Torres minimizó el diagnóstico presentado por la directora y el Comité asegurando que no se aprecia alguna “sintomatología o gestación” de una quiebra, y cuestionó si se detectó malversación de recursos durante el proceso de entrega-recepción del instituto o si se hizo alguna auditoria.

En ese sentido, declaró que los recursos del Gobierno “no desaparecen por osmosis”, por lo que insistió en que si se presentaron las denuncias correspondientes por un mal manejo de recursos. “Queremos sabe cómo se llegó a esta emergencia financiera”, sostuvo.

Por su parte, el diputado del PAN, Jesús Pérez Ballote, señaló que es claro que existe una crisis financiera en el Isstey, por lo que “no entender que hay un boquete financiero de 2 mil millones de pesos es tener miopía intelectual”. En clara referencia a los comentarios de Echazarreta, pidió una disculpa por “la falta de respeto” a los comparecientes.

La también panista Dafne López Osorio le tiró otra pedrada al morenista, al lamentar que se quiera utilizar la situación de los trabajadores para fines políticos.