La académica de la UADY, Rocío Quintal, declaró que este caso debe ser un parteaguas para que las juezas y los jueces de Yucatán tomen en serio su deber de juzgar con perspectiva de género y derechos humanos.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 8 de diciembre de 2022.-Luego de que Astrid ganó una apelación para que su agresor sea vinculado a proceso por  feminicidio en grado de tentativa, la académica e investigadora Rocío Quintal López opinó que la jueza de control, Elsy del Carmen Villanueva, debería ser inhabilitada de su puesto porque en primera instancia reclasificó el delito como lesiones y revictimizó a la denunciante.

La investigadora del Centro de Investigaciones “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) señaló que este caso debería sentar un precedente de inhabilitación de jueces y juezas que juzguen sin perspectiva de género.

Como hemos informado en Haz Ruido, ayer la Primera Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY)  determinó que la jueza Elsy del Carmen Villanueva, de la Sala 2 del Centro de Justicia Oral de Mérida,  actuó sin perspectiva de género  en el caso de Astrid al reclasificar como lesiones la denuncia por tentativa de feminicidio que presentó  contra su expareja E.M.A.L., lo que permitió que el agresor continuara el juicio en libertad. 

A pesar de que en su momento la denunciante declaró que dicho sujeto la mantuvo incomunicada e intentó quitarle la vida por la vía del ahorcamiento, la jueza le dijo que “entendió mal las agresiones”. Ante estos hechos, la denunciante decidió apelar y finalmente el Tribunal le dio la razón.

Al respecto, la doctora Rocío Quintal, quien es especialista en temas de género, señaló que efectivamente la jueza Elsy Villanueva emitió una resolución haciendo caso omiso de los lineamientos establecidos en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, publicado por primera vez en el 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actualizado en el 2020. 

Lamentó que en la audiencia de hace unas semanas, la juzgadora desestimó los testimonios de la familia de Astrid y minimizó el reporte del médico legista que la atendió al momento de presentar su denuncia.  

En ese sentido, la académica indicó que no se debe perder de vista que juzgar con perspectiva de género ha sido establecido por el Tribunal Constitucional de la SCJN como la única manera de garantizar a las personas, especialmente a las mujeres y niñas, el acceso a la justicia de manera efectiva e igualitaria, por ello su aplicación no es opcional para los juzgadores. 

“Debe ser aplicada en todos los casos, aun cuando las partes involucradas no lo pidan expresamente en sus alegaciones. Basta que la persona juzgadora advierta que puede existir una situación de violencia o vulnerabilidad originada por el género, que pueda obstaculizar la impartición de justicia de manera completa y en condiciones de igualdad, para que surja la obligación de acudir a este método para resolver la controversia”, recalcó. 

Abundó que la determinación de la jueza de vincular al agresor por el delito de lesiones se convirtió en un acto de violencia institucional –también ya tipificada en el Código Penal de Yucatán-, pues revictimizó y vulneró a Astrid, dejándola en estado de Indefensión. 

Asimismo, enfatizó que juzgar sin perspectiva de género conlleva a incurrir en responsabilidades administrativas que deben ser motivo de sanciones e incluso de inhabilitación, a fin de sanear al sistema judicial “de pseudo servidores públicos” que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia.

“El caso de Astrid debe ser un parteaguas para que las y los jueces tomen en serio su deber de juzgar con perspectiva de género y derechos humanos. Desafortunadamente no es un hecho aislado en Yucatán y eso debe no sólo preocuparnos, sino ocuparnos”, abundó. 

Dijo que hay muchas más mujeres en la entidad que han sido víctimas de violencia extrema que debieron ser tipificadas como tentativas de feminicidio, pero que al igual que Astrid fueron revictimizadas por jueces y juezas que emiten sentencias sin perspectiva de género, reclasificando el delito y dejando en libertad a los agresores, lo que las pone en riesgo y les niega su derecho a vivir en paz y a la justicia.  

“En Yucatán, tenemos antecedentes de mujeres que ya habían denunciado las tentativas de feminicidio por parte de sus agresores, pero sus denuncias fueron desestimadas y reclasificadas por juzgadores insensibles. El resultado fue dejar la cancha libre para que el agresor consumara el feminicidio. La pregunta entonces es ¿cuántos feminicidios más necesitan estos jueces y juezas para entender que como bien ha señalado la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México que estos casos son la antesala del feminicidio?”, reiteró.