Han pasado 10 meses desde que la fundadora de UADY Sin Acoso denunció que fue amenazada de muerte, pero la dependencia no le ha notificado ningún avance de la investigación. 

Por Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 8 de febrero del 2021.-Han pasado 10 meses desde que la fundadora de UADY Sin Acoso, Rosa Elena Cruz Pech, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que fue víctima de ciberacoso, pues recibió amenazas de muerte a través de mensajes anónimos. A la fecha, la dependencia no le ha notificado ningún avance en las investigaciones de este caso.

Como se ha informado en Haz Ruido, en marzo del año pasado, la activista levantó una denuncia tras haber recibido mensajes amenazadores por su trabajo de visibilización de casos de violencia sexual en los espacios universitarios.

Le exigían que dejara de promover las denuncias de acoso y hostigamiento entre la comunidad universitaria, o de lo contrario la agredirían sexualmente y la matarían. De igual forma, el automóvil de su familia fue dañado. 

Sin embargo, el delito sigue impune. De acuerdo con Cruz Pech, en la Fiscalía le indicaron que la Policía Cibernética acudiría a su domicilio para realizar las diligencias correspondientes, pero los elementos nunca llegaron. De igual forma, establecieron vigilancia en su vivienda durante 30 días, pero solamente contó con ella durante una jornada.

Ha contactado a la dependencia para monitorear los avances de la denuncia y solamente le responden que por la pandemia de Covid-19 “no se le ha dado continuidad a muchos casos, solo a las agresiones más graves”. 

“Supongo que no se ha hecho nada, no me han hablado. Las autoridades tienden a minimizar la violencia digital, dicen que cualquier persona lo puede hacer. Todavía no se está tomando ese delito con la seriedad que amerita, entonces lo postergan. Y no es el único caso”, declaró. 

De hecho, solo la Federación le brindó apoyo: el pasado mes de julio, la activista se incorporó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual después de varios meses de atraso, la contactó para brindarle medidas de protección, como una línea directa para contactar a la Policía Municipal en caso de estar en peligro, y un botón de pánico. También se comprometió a dar seguimiento a la denuncia presentada en la FGE.

Durante la reunión con la Junta de Gobierno del Mecanismo, realizada hace unos días, Cruz Pech solicitó a las autoridades reconocer la labor de personas defensoras de derechos humanos en Yucatán, pues considera que ese simbolismo podría disminuir los ataques contra ellas. 

“Es necesario en un estado donde no se nos reconoce ni menciona, solo se nos criminaliza. No hay seguridad para las activistas. Un reconocimiento público, puede proporcionarnos algún tipo de seguridad”, sostuvo. 

Recordó que al inicio de la contingencia, algunas mujeres defensoras de los derechos humanos se quedaron sin medidas de protección, pese a haberlas solicitado precisamente porque sus vidas corrían peligro. En algunos casos las autoridades estatales restauraron la vigilancia, pero el hecho de habérselas quitado indica que no se les brindan las condiciones mínimas para garantizar su integridad, recalcó. 

La fundadora de UADY Sin Acoso reiteró su llamado a las autoridades locales a no darle carpetazo a su denuncia y tomarla con seriedad. (Foto de archivo de Lorenzo Hernández)