Ordenaron a medios de comunicación que eliminen notas periodísticas sobre la pensión de una exfuncionaria del Gobierno del Estado y advirtieron que de no hacerlo los sancionarían.

La Fiscalía no justificó la necesidad de imponer tal medida, por lo que resulta arbitraria y desproporcionada que atenta contra el derecho a la libertad de expresión de la prensa, así como contra el derecho a la información de la ciudadanía.

Por Redacción

Ciudad de México 12 de abril de 2022.- Ayer 11 de abril, la Jueza de Control del Primer departamento Judicial de Yucatán, la Fiscalía General del Estado y la exsubsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Leticia Noemí del Socorro García Maldonado, nuevamente acosaron  judicialmente y criminalizaron a periodistas de la entidad, por lo que la asociación Article 19 emitió una alerta. 

A través de un oficio derivado de la carpeta de investigación D1/1344/2020, la Fiscalía notificóque en atención a lo ordenado por la jueza Blanca Beatriz Bonilla González, en audiencia del 7 de abril, se ordenó a los medios de comunicación Infolliteras, Cambio del Sureste, Noticias al Punto, Yucatán al Segundo y la Noticia Ciudadana, que bajen y eliminen las notas periodísticas relativas a la revocación de la jubilación de la mencionada exfuncionaria del Gobierno anterior. 

El oficio también advierte que los medios deberán cumplir con dicha orden en un plazo de 24 horas contadas a partir de que fue recibido, mismo que les hicieron llegar vía correo electrónico, apercibiendo: “que en caso de hacer caso omiso a la presente (oficio), podrá hacerse acreedor de una de las sanciones que estipula el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

El artículo de referencia faculta al Ministerio Público para imponer medidas de apremio que pueden ser desde una amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por 36 horas.

Cabe destacar que las notas a las que hace referencia el oficio se tratan de asuntos de interés público pues se relacionan con posibles actos de corrupción cometidos por la exfuncionaria. 

Por otro lado, la Fiscalía no justifica la necesidad de imponer tal medida, por lo que resulta una medida arbitraria y desproporcionada que atenta contra el derecho a la libertad de expresión de la prensa, así como contra el derecho a la información de la ciudadanía.

Esta no es la primera ocasión que la Fiscalía toma este tipo de medidas. El pasado 8 de octubre de 2020, Article 19 denunció que Bigman -periodista independiente y director general de la Noticia Ciudadana– y Maru Luján -directora general del Noticia al Punto-, fueron víctimas de criminalización y acoso judicial cuando la misma exfuncionaria presentó una denuncia ante dicha instancia contra quien resulte responsable por la publicación de la nota periodística “Revocan su jubilación “dorada” a exfuncionaria luego de investigaciones del subsistema estatal anticorrupción”.

En esa ocasión, la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes solicitó a dichos medios de comunicación que informen quién autorizó que se suba la información relativa a la nota periodística de fecha 02 de febrero del año 2020, así como que proporcione el nombre del periodista responsable, exigencia totalmente ilegal.

A través de un comunicado, Article 19 manifestó que es preocupante que frente a un contexto de violencia grave contra la prensa derivado de su ejercicio de libertad de expresión, la Fiscalía local insista en silenciar a la prensa y mantener procesos judiciales como represalia, mismas que implican cargas desproporcionadas a las y los periodistas, principalmente cuando las contrapartes son personas funcionarias públicas o personas con proyección pública.

Por ello, llamó nuevamente a la Fiscalía de Yucatán y al Poder Judicial de la entidad, particularmente a la mencionada Jueza de Control, a cesar cualquier acción que criminalice e inhiba el ejercicio de libertad de expresión y que impida el ejercicio pleno del derecho a la información de la sociedad. Asimismo, se les insta a retomar los más altos estándares en la materia, cumpliendo con las obligaciones de respeto y protección de los derechos humanos.

También, insta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para actuar conforme a sus facultades e iniciar la queja correspondiente por el acoso judicial ejercido contra los medios de comunicación en detrimento de su labor.

Finalmente, llama al Mecanismo de Protección a impulsar acciones para prevenir que estas amenazas de acciones legales se puedan materializar contra las y los periodistas que dirigen los medios de comunicación señalados, toda vez que son personas beneficiarias de dicho Mecanismo.

Nunca fue notificado

Uno de los periodistas afectados con esta situación, Eduardo Lliteras, declaró que desconoce cuál es el delito que está investigando la Fiscalía General del Estado y precisó que nunca fue notificado de ninguna audiencia, por lo que le sorprendió el oficio que recibió ayer.

Indicó que el actuar de la dependencia y de la jueza Bonilla atentan contra su libertad de expresión, pues lo único que hizo fue publicar una nota de interés público.

De igual forma precisó que no eliminará las mencionadas notas periodísticas y que ya se está asesorando legalmente para defenderse de esta arbitrariedad.

Cabe mencionar que de acuerdo con información recabada en el Poder Judicial, este caso aún no se ha judicializado, por lo que la Fiscalía General del Estado se encuentra en investigaciones.

Lo que habría sucedido es que el abogado de la demandante, la exsubsecretaria García Maldonado, solicitó a la Fiscalía un control de acto de investigación para eliminar las notas, la cual aceptó.

Sin embargo, dicho asesor legal se quejó ante la jueza Bonilla porque la dependencia no había realizado el acto que se había determinado, y por eso ordenó que cumpla.