Por Claudia Arriaga.

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre del 2020.– La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Yucatán rechazó investigar el caso de Sami Trujillo “Anahí”, la joven que denunció ser víctima de trata de personas y explotación sexual. Tampoco trabaja para desmantelar  los sitios web de pornografía que operan en la entidad, a pesar de que, en el 2016, un caso similar se investigó como trata en la modalidad de pornografía bajo el fuero federal.

Como Haz Ruido informó, en lo que va del año la delegación de la FGR no ha abierto carpetas de investigación por este delito. Todas las denuncias que han interpuesto las víctimas ante esta instancia federal fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mónica Salazar, especialista en trata de personas y directora de Dignificando el Trabajo AC (Ditrac), explicó que en reiteradas ocasiones se ha cuestionado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra)  sobre el tema, pues hay una tendencia nacional de devolver las denuncias a las agencias estatales.

En el caso particular de Yucatán, hasta octubre de este año se iniciaron 18 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, al menos eso refleja el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todas se abrieron en el ámbito estatal  y las cifras no son claras.

Al respecto, Mónica Salazar enfatizó que muchas veces a través de solicitudes de transparencia se logran ubicar delitos que fueron clasificados equivocadamente.

“Cuando solicitas por otros delitos correlacionados empiezas a ver que están mal clasificados y, por otro lado, si hay una falta de pericia de investigar y documentar situaciones de trata. Si se trata con fines de trabajo forzoso, termina en situación de explotación laboral con una demanda laboral y acaba en una Junta de Conciliación; cuando es sexual, se va por otros delitos, pasa lo mismo”, detalló.

Otro de los factores, es que Yucatán es un estado que invirtió mucho en publicidad en términos de seguridad y les toca a las autoridades aceptar que ya no está exento de estos delitos. “Creo que les ganó la presencia delictiva en términos de las estrategias para poder combatirlas y sigue habiendo este halo de tranquilidad en la población, aunque sea un secreto a voces lo que está pasando”, argumentó la directora de Ditrac.

En el caso de Sami, la joven tuvo que hacer público su rostro y datos personales para que las autoridades le hicieran caso, a pesar de que las recomendaciones de Estados Unidos a México para combatir este delito es proteger siempre a las víctimas. Sin embargo, para los especialistas llegar a este extremo causa el efecto contrario, le dice a quienes fueron o son víctimas de trata que no denuncien.

La impunidad en el combate de este delito no se debe a la falta de capacitaciones de las y los funcionarios públicos de la Fiscalía, ni de información, pero sí de pericia.

“Están esperando casos donde la persona narre perfectamente cómo fue enganchada, sometida, les diga qué tipo de explotación sufrió y por cuánto tiempo y es muy difícil que una persona que ha sufrido trata  pueda contarlo de esa forma. También tiene que ver con que no tienen la disposición de actuar.  Lo que no entienden es que esta no acción deja en mayor indefensión a la víctima”, lamentó Mónica.

Cabe mencionar que la Comisión de Derechos Humanos  de Yucatán (Codhey), en el caso particular de Sami, emitió una recomendación dirigida a la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para exhortarlos a brindarle protección desde el momento que se hicieron públicos sus datos personales.

Por cierto, quien era delegado de la FGR en Yucatán, Juan Manuel León León, fue designado recientemente como el nuevo Fiscal General en Yucatán, por lo que ahora tendría que investigar los casos de delitos de trata de personas que su antigua instancia no quiso hacer.