Demandó a diversos periodistas y medios de comunicación locales que publicaron notas sobre ejidatarios de Samahil que acusaron ser víctimas de dicha persona.

Con esta acción legal, dicho abogado pretende censurar y hostigar a los comunicadores yucatecos.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 19 de abril de 2022.- En un nuevo atentado a la libertad de expresión, el exsuprocudaror de Yucatán, Rafael Acosta Solís, demandó a diversos periodistas y medios de comunicación locales que dieron cobertura periodística al caso de ejidatarios de Samahil que acusaron ser víctimas de dicha persona.

El controvertido abogado demandó por la vía civil a periodistas de La Jornada Maya, Infolliteras, Presidio, Lector MX y Rompecabeza, por publicar notas en el 2019 sobre la exigencia de justicia por parte de campesinos a quienes supuestamente les robaron dinero y documentos de sus tierras.

Ayer, una actuaria del juzgado tercero civil empezó a entregar las notificaciones de la demanda interpuesta por Acosta Solís en contra de los comunicadores, por lo que prácticamente tendrán que enfrentarlo en un juicio.

Según dicho exfuncionario, las notas publicadas “son humillantes a su persona, lo difaman, son injuriosas, afectan sus sentimientos, su aspecto físico y han ocasionado un daño económico y violan su derecho  de presunción de inocencia (sic.)”.

Dicha persona pretende que con esta acción legal sean eliminadas las notas periodísticas sobre el tema de los ejidatarios de Samahil de los sitios de internet de los medios de comunicación.

Dos de los periodistas denunciados, Eduardo Lliteras Santien y Oscar Rodríguez Hernández, coincidieron en que dicha demanda se trata de un acto para intimidar y amedrentar su trabajo periodístico.

Señalaron que es un delicado ataque a la libertad de expresión y que la única intención de la demanda es impedir que continúen con su labor periodística.

Cabe recordar que hace unos meses, periodistas de Yucatán solicitaron al Congreso del Estado que impulse una iniciativa de ley para derogar el delito de difamación del Código Penal, ya que suele ser utilizado por personajes públicos y gobernantes para censurarlos, amedrentarlos y hostigarlos, y de esta manera impedir las críticas, cuestionamientos y contrapesos hacia el cumplimiento de su trabajo. 

Llama la atención que, en el caso de esta demanda de Acosta Solís, se pretenda censurar a los comunicadores por la vía civil, a pesar de que su derecho humano a la libertad de expresión está protegida por la Constitución Mexicana.