Activistas y académicas criticaron la falta de racionalidad por parte de los juzgadores y que no hayan aplicado perspectiva de género en su resolución.

Con información de Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 23 de diciembre del 2019.-Activistas y académicas solicitaron vía oficio al Consejo de la Judicatura Federal suspender a los magistrados que ampararon al karateka Cristian de Jesús C. D, quien hace un año golpeó salvajemente y casi mata a la joven Andrea M. C. C.,. Debido a este recurso jurídico, el sujeto no puede ser juzgado por el delito de intento de feminicidio.

Recordaron que gracias a dicho amparo concedido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito de Yucatán, esta persona ahora enfrenta el proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas, es decir, no se tratan de acusaciones fuertes, por lo que alcanzaría una sanción menor. 

En rueda de prensa, las activistas  criticaron que los magistrados federales Jorge Edén Wynter García, Pablo Hernández Moreno y Didier Ramírez Canto otorgaron un amparo a Cristian bajo el argumento de que no tenía intención de matar a su expareja porque la golpeó durante el lapso de una hora, “y la víctima no presentó evidencia de que su vida estuviera en riesgo por las lesiones”.

En ese sentido,  criticaron la absoluta falta de racionalidad por parte de los juzgadores y que no hayan aplicado perspectiva de género en su resolución. Por tal razón, recalcaron que este intento de feminicidio no debe permanecer impune y el responsable no puede ser incrustado a  la sociedad como si nada hubiera pasado.

Por ello, a través de un oficio solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal que investigue el actuar de los jueces y de manera preventiva, suspenderlos de sus funciones. 

A nombre de sus compañeras, la doctora Ligia Vera Gamboa, investigadora de la UADY, precisó que la suspensión es imperativa, ya que de no realizarla se causaría un daño irreparable a la imagen, reputación y opinión pública del Poder Judicial de la Federación. Dijo que  evidenciaría que el Estado incurre en violaciones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

De igual forma, señalaron que en el Poder Judicial de Yucatán se ejerce violencia institucional contra las mujeres, pues en diversos juicios se han emitido sentencias y resoluciones fuera de toda lógica y normatividad. 

Lamentaron que las niñas y mujeres quedan a merced de jueces, juezas, magistrados y magistradas que no aplican ni respetan la perspectiva de género y al parecer juzgan con base en sus creencias y criterios.

Como ejemplo, recordaron el caso de Greta Martínez Corona, cuyo agresor permanece libre pese a que la víctima presentó pruebas sólidas en su contra, caso en el que se evidenció errores en la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).