El exsubcomisario de Chicxulub Puerto, Alexis Daniel Castro, volvió a violentar a la víctima en un estacionamiento y no cumplió con las medidas cautelares. Por tal razón, feministas piden al Fiscal no otorgar la penalidad mínima durante un juicio abreviado.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 2 de mayo de 2024.-Activistas de agrupaciones feministas de Yucatán sostuvieron un encuentro con el Fiscal General de Yucatán, Juan Manuel León León, para solicitarle su intervención en el caso de un exfuncionario municipal de Progreso acusado de violencia familiar, para que no se le conceda la pena mínima en un juicio abreviado, ya que consideran que es un potencial feminicida y la vida de la víctima corre peligro.

Las feministas entregaron  una carta al Fiscal para solicitar su intervención con relación a la causa penal 87/2023 del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial, en donde la víctima Amairany R.P. inició un proceso penal por hechos de violencia de tipo psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, cometidos por su exesposo Alexis Daniel Castro Ale,  quien al momento de los hechos fungía como subcomisario de Chicxulub Puerto.

Como hemos dado seguimiento en Haz Ruido, dicho sujeto fue imputado por los delitos de violencia familiar y lesiones en diciembre de 2023, las cuales ejerció delante de su hija, quien en ese entonces tenía 3 años de edad.

Al agresor se impuso como medida cautelar el uso de localizador electrónico y la prohibición de acercarse a la víctima; sin embargo, infringió las órdenes de protección otorgadas a la víctima e incluso dañó el brazalete electrónico que le colocaron, manipulándolo con un instrumento para abrirlo. 

Lo más grave, precisaron las activistas, ocurrió en el mes de febrero de 2024, cuando en el estacionamiento público de un supermercado ubicado en Mérida, Alexis Daniel Castro violentó a la víctima de nuevo en presencia de su hija. Por lo anterior, se indicó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. 

“Actualmente la víctima presenta secuelas físicas y psicológicas consecuencia del martirio y tortura recibidas de manos de su agresor, y su hija presenta síndrome de estrés post-traumático, por lo que con justificada razón teme por su vida y la de su hija”, explicaron las feministas.

En la reunión con el Fiscal, manifestaron su preocupación de que recientemente la defensa del victimario ha solicitado la propuesta de reducción de penas para acogerse a un procedimiento abreviado, con el objetivo de asumir su responsabilidad de los hechos, tratando de conseguir con ello una penalidad con reducción y beneficios, situación que pondría en riesgo la vida de la víctima y su hija. 

“Exigimos a la Fiscalía no otorgar la penalidad mínima durante el procedimiento de juicio abreviado al victimario para proteger la vida de la víctima y su hija”, señalaron. 

La carta fue recibida y un primer acuerdo entre las activistas y las autoridades  fue la revisión de la carpeta de investigación en los próximos días ante la serie de irregularidades que se han cometido en su integración. 

“Como sociedad civil y feministas daremos seguimiento puntual y cercano a este procedimiento y/o juicio hasta obtener justicia para la víctima. Hacemos responsable al Estado, a la Fiscalía General y al Poder Judicial del Estado de Yucatán, de cualquier daño o agresión queAmairany R.P.  y su hija puedan sufrir a manos del victimario, independientemente de quien ejecute dicha agresión”, finalizaron.