Las vecinas y los vecinos temen que ocurra una explosión, pues se construye en una zona de cuevas. Llaman a que el Juez Segundo de Distrito deje de ser “pro-empresa” y reconozca los derechos de la ciudadanía.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 21 de febrero de 2022.- Vecinas y vecinosde las colonias San Damián y García Ginerés protestaron afuera de la sede del Poder Judicial de la Federación en Mérida para exigir que se otorgue una suspensión a los trabajos de excavación y construcción de un gasoducto de la empresa Engie, pues aseguran que pone en riesgo su vida y que podría ocurrir una explosión.

En la protesta, recordaron que han presentado dos juicios de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito, pero éste se ha negado a otorgar la medida cautelar de suspensión definitiva, por lo que la compañía sigue escarbando en las calles de esas unidades habitacionales, justo en las puertas de sus viviendas.

Declararon que la obra es sumamente peligrosa porque se construye en una zona de cuevas. Además, temen que ocurran explosiones, como en otras ciudades del país, ya que el ducto transportaría gas natural a la galletera Dondé.

“¿Qué vamos a hacer si ocurre una explosión? ¿Cómo van a evacuar a personas de la tercera edad? En nuestras colonias viven muchos adultos mayores, quienes son las principales personas en riesgo”, comentaron en la manifestación.

Una de las vecinas, Silvia Reyes, sostuvo que se tiene que actualizar el atlas de riesgo de la ciudad, pues el gasoducto se está instalando en una zona de cuevas y, al estar escarbando, le están quitando parte de la superficie y dejan a la ciudadanía en vulnerabilidad. 

El vecino Javier Espinoza advirtió que en caso de que ocurra una tragedia la empresa Engie se va a desentender. En ese sentido, criticó que en los trabajos no hay supervisión por parte de las autoridades, por lo que se están realizando sin tomar medidas de seguridad pertinentes. 

Por su parte, la abogada Janeth Medina, de la agrupación Kanan, que acompaña a los vecinos en esta lucha jurídica, hizo un llamado al Juez Segundo de Distrito a que deje de ser “pro-empresa” y que reconozca los derechos de las personas que están resistiendo a este proyecto tan agresivo y que pone en peligro sus vidas.

Explicó que presentaron dos amparos para combatir la falta de consulta y de participación de los vecinos, a quienes no se les pidió su opinión sobre la construcción del gasoducto.  

En ese sentido, declaró que una de las autoridades demandadas, el Ayuntamiento de Mérida, presentó una prueba que consiste en un análisis de riesgo que evidencia la peligrosidad de la obra.

A pesar de presentar documentos al respecto y que han solicitado  en 13 ocasiones que otorgue la suspensión, el juez lo ha negado, por lo que las vecinas y los vecinos temen que ocurra una explosión.