El diputado Gaspar Quintal insiste en que debe realizarse una reforma de gran calado a la Ley del Notariado y no quedarse sólo en aumentar el número de notarías en Yucatán.

Recalcó que debe revisarse su función social y que sus servicios tengan precios accesibles para toda la población.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 28 de marzo de 2022.- En la víspera de que se discuta en el Pleno del Congreso del Estado la reforma a la Ley del Notariado, el coordinador de la fracción legislativa del PRI, Gaspar Quintal Parra, insistió en que es necesario que se profundice el tema para evitar que la fe pública notarial se siga usando como un negocio de particulares.

Como se recordará, hace unos días se aprobó en Comisiones dicha reforma enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, la cual plantea aumentar el número de notarías en el estado, ya que actualmente son 100 y se espera que se llegue a los 150.

Al respecto, el priísta dijo que el asunto notarial requiere atención seria, profesional y abierta a través de una profunda reforma de gran calado, en vez de sólo quedarse en crear más notarías.

“Me parece que la ampliación del número de notarías debería ser el principio de una revisión profunda de la función social del notariado. La actual ley tiene una visión que no se ha tocado desde el siglo pasado y hoy, con la nueva dinámica social, con la situación económica, la pobreza que vivimos y con la desaparición de los escribanos públicos, es importante, imprescindible y necesario que veamos el notariado desde su función social”, recalcó.

Gaspar Quintal dijo que es importante que el Estado, que es el que delega la fe pública a particulares, tenga la capacidad para revisar la actuación de los notarios, de normarlos, de considerar si funciona que sean vitalicios e inclusive de revisar los costos de los servicios que ofrecen.

En ese sentido, el legislador recalcó que actualmente los precios de los notarios son casi inaccesibles para la población rural, lo que genera conflictos sociales en las comunidades. 

“Hay que revisar los costos para acercar los servicios a la población que realmente lo requiere, no solo a las empresas. Con la desaparición de los escríbanos no hay opciones para las personas con capacidad económica limitada. ¿Quién va a atender a ese sector? Hoy los notarios manejan costos elevados, por lo que la gente deja de hacer trámites y eso origina falta de certeza jurídica”, enfatizó.

Al recordar que en 65 municipios yucatecos no hay notarios, puso como ejemplo el caso de un campesino que no puede dejar su tierra en herencia a sus cinco hijos, ya que no le alcanza el dinero para realizar un trámite de repartición. 

“Que no se vea como un negocio, sino como una función social del Estado. El hecho de delegar la fe pública no puede ser un negocio, tiene que ser accesible en cuanto a precios”, sostuvo. 

Señaló que también hay que revisar la actuación de los notarios actuales, pues han habido casos de algunos que estuvieron involucrados en el despojo de tierras ejidales, como cómplices o partícipes. Declaró que esta conducta debe considerarse delito grave y los notarios envueltos en estos hechos tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley.

“El Estado debe poner mayor atención y los diputados tenemos que hacer una reforma de gran calado en temas como las tarifas, actuaciones, la función y dónde prestar los servicios, para que el notariado cumpla su función social”, finalizó.