Tan solo 18 de las 222 granjas porcícolas cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental. Además, 42 se encuentran en Áreas Naturales Protegidas.

Greenpeace México informó que habitantes de siete municipios han externado afectaciones ambientales y a su salud por el funcionamiento de estos complejos.

Por Lilia Balam 

Mérida, Yucatán, 12 de mayo del 2020.-La industria porcícola yucateca está plagada de irregularidades, de acuerdo con datos proporcionados por Greenpeace México. Más del 90 por ciento de las granjas de cerdos establecidas en la entidad operan fuera de la ley, pues solo 18 de las 222 cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

Además, 42 fueron construidas sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP), y habitantes de siete municipios han denunciado afectaciones ambientales y a la salud por su funcionamiento, se detalló en el informe “La carne que está consumiendo al planeta”, elaborado por dicha asociación.

De las 222 granjas porcícolas localizadas en Yucatán, solamente 18 (8.1 por ciento) cuentan con la MIA, pese a que 42 de esos recintos (18.91 por ciento), fueron construidos sobre una ANP, siendo la zona Geohidrológica del Anillo de Cenotes la más afectada, con 36 granjas. Además hay otras cuatro en Cuxtal y dos en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc.

Asimismo,  sólo 143 complejos han reportado públicamente su información pecuaria, es decir 64.49 por ciento. Hay datos públicos sobre los permisos de aprovechamiento de agua y descarga de 84 de ellos (37.84 por ciento), precisa el documento.  

“Aproximadamente 90 por ciento de las granjas operan desde la  ilegalidad porque no cumplen con el requisito mínimo [de la MIA], que debe tener  este tipo de proyectos para su operación legal”, puntualizó en conferencia de prensa Viridiana Lázaro, especialista de Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace México. 

Los daños.

Para edificar esos recintos se han deforestado 10 mil 555 hectáreas del territorio estatal, el cual es considerado prioritario para la conservación de la  biodiversidad de animales en peligro de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial  Mexicana (NOM) 059, como el jaguar, el mono araña y el loro yucateco. 

De igual forma, la selva maya funciona como “sumidero de carbono”, es decir, absorbe gases de efecto invernadero de la atmósfera, ayudando a regular la temperatura del planeta, y “las granjas están acabando con ella, que es un patrimonio de todos los mexicanos”, precisó Lázaro. 

La población yucateca no ha sido ajena a las afectaciones ocasionadas por esos mega proyectos. Las y los habitantes de al menos siete municipios, entre ellos Homún, Kinchil, Maxcanú, Celestún, Chapab, Sotuta y Sudzal han externado y denunciado a través de distintas vías los daños al medio ambiente y a la salud que han causado los mencionados complejos 

Por ejemplo, han aportado pruebas de la contaminación de esos recintos, como el uso de aspersores en medio de la selva maya. Con éstos, las granjas vierten aguas residuales al suelo, el cual al ser poroso permite la filtración de esos líquidos y con ello, propicia la contaminación del manto acuífero peninsular, el más importante a nivel nacional e internacional. 

Esto se ha comprobado con el análisis de muestras de agua de las comunidades en las que hay granjas, el cual ha señalado que el líquido en esas zonas supera los límites de amonio, nitritos  y nitratos recomendados por la NOM 127 para el uso y consumo del agua.  Además, las altas cantidades de nitrógeno desecan la vegetación, detalló la especialista de Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace México. 

Las afectaciones ambientales también han repercutido negativamente en la economía de las y los pequeños productores locales, y “las empresas no se hacen responsables de los perjuicios que ocasionan en las comunidades”, enfatizó Lázaro.

El caso Kinchil. 

En la videoconferencia, integrantes del Consejo Maya del Poniente de Yucatán (Chinkin-já), y apicultores de Kinchil, declararon haber visto dañada la producción de miel tras el establecimiento de una mega granja porcícola de la empresa Kekén en el mencionado municipio. Los afectados indicaron que el complejo fue construido sin brindar informes previos a la comunidad  y “prometiendo progreso, desarrollo y beneficios”. Sin embargo, declararon, solo generó alteraciones a la paz y a la armonía. 

Hasta la fecha, las y los habitantes de la zona desconocen cómo obtuvo la compañía los terrenos para construir, pues estaban destinados a la conservación, a la apicultura, agricultura y ganadería sustentables. Esta situación ha creado discordia entre ejidatarios de Kinchil y de Maxcanú, pues algunos se vieron despojados de sus tierras y aseguran no haberlas vendido, explicaron los afectados. 

Además, estiman que diariamente extraen más de 150 mil litros de agua, y desconocen cuánta es vertida a través de los aspersores instalados en plena selva maya. Las y los pobladores temen que a la larga, el daño se extienda a la Reserva de la Biosfera de la Ría de Celestún, pues se encuentra relativamente cerca y los contaminantes podrían afectar gravemente el mangle rojo, árbol protegido por la NOM 059, y con ello impactar el ecosistema de especies como los flamencos, agregaron. 

“Las autoridades estatales pareciera que están en complicidad con estas granjas. Nosotros hemos puesto demandas correspondientes ante autoridades tanto estatales como delegaciones federales en Yucatán, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y han hecho caso omiso a nuestras demandas. Hemos notado que  nos ponen trabas, obstáculos, para que la demanda fluya. Esto nos hace pensar que ellos están a favor de este tipo de  industria que está causando un terrible daño en el ecosistema”, sostuvieron. 

¿Qué pasará con estas irregularidades? 

Es obligación de las autoridades ambientales estatales y federales inspeccionar y solicitar información, así como requerir los permisos de las granjas para vigilar que se encuentren en orden y funcionen según lo establecido en las leyes. En caso de que no cumplan con alguna normativa, como no contar con la MIA, tienen que clausurar las operaciones de esos recintos, explicó la asesora jurídica del Colectivo Indignación, Lourdes Medina. 

La abogada comentó que las propias comunidades mayas han interpuesto denuncias legales y populares ante instancias locales y federales, pero las autoridades ambientales han impuesto trabas y obstaculizado el acceso a la justicia de los pueblos originarios, por lo cual reiteró que “es obligación de las autoridades administrativas ambientales vigilar y clausurar las granjas que están en la ilegalidad y cuando se inician los procesos legales, llamar a la Profepa y autoridades judiciales para hablar por los derechos de las comunidades mayas”. 

Desde el 2014, es decir, durante la administración del priísta Rolando Zapata Bello, incrementaron los mega proyectos porcícolas en la entidad. Sin embargo, la presente gestión pretende consolidar dicho sector, pues en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 se incluye como objetivo “impulsar la industria porcícola, dejando de lado los daños que genera”, agregó.

Ante este panorama, Greenpeace México exigió a las autoridades federales una ordenación rigurosa del territorio en las zonas de gran densidad ganadera en la Península de Yucatán, de manera que las autoridades no permitan ocupar suelo de protección y conservación; crear un sistema de monitoreo e inspección de la calidad del agua tanto estatal como nacional, el cual permita evaluar el grado de contaminación de ese recurso. 

También solicitó al gobierno estatal respetar los derechos de las comunidades indígenas, priorizar la biodiversidad por encima de las granjas y regular aquellas que carezcan de MIA, pues “no pueden seguir pensando en exportar y crecer la industria si las ya existentes están dentro de la ilegalidad”, expresó Lázaro, quien agregó que la organización internacional enviará un oficio a la Presidencia de la República con una propuesta del Plan de Recuperación Económica verde y justo.