Por mayoría decidieron que César Antuña no siga al frente del Tribunal de los Trabajadores, a pesar de que el Poder Judicial había solicitado su ratificación. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 1 de septiembre de 2019.- A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán solicitó al Congreso local la ratificación del magistrado César Antuña Aguilar como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, la mayoría de las y los diputados votó a favor de un dictamen para que no continúe en el cargo.

Al iniciar este domingo  el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Legislativo, la discusión se centró en la ratificación del mencionado funcionario, pues tanto la bancada del PRI como el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, señalaron que no había elementos jurídicos para negar su continuidad al frente del Tribunal.

De hecho, el priísta Luis Borjas Romero enfatizó que se debía garantizar y salvaguardar los principios de independencia, permanencia e inamovilidad judicial a favor de Antuña Aguilar, respetando la decisión autónoma de los magistrados yucatecos que habían evaluado su desempeño positivamente. Recalcó que no había que hacer caso a “rumores” externos en torno a su labor. 

Pidió no poner en tela de juicio la evaluación del Tribunal, sobre todo porque definieron que dicho magistrado obtuvo  el 82 por ciento de eficacia en sus resoluciones dictadas e impugnadas, “lo que indica que tiene amplio conocimiento del derecho laboral y capacidad para ocupar el cargo que desempeña”.

Sin embargo, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié culpó a Antuña Aguilar de que hayan aumentado los juicios laborales en Yucatán porque no creó mecanismos para reducirlos. “Hoy se tienen 4 mil 800 denuncias, de las cuales 400 ya cuentan con sentencias firmes que dejan a los ayuntamientos con más de 700 millones pesos que tienen que pagar en laudos”, agregó.

Además, señaló que, según litigantes en materia laboral, comete anomalías como aplazar procedimientos de ejecución de laudos, asesora a municipios con abogados afines y permite el tráfico de influencias.

En su intervención, la diputada pidió el voto a favor del dictamen para destituir al magistrado y le tiró una pedrada al presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, quien estaba presente en el Congreso, señalando que “no se dejen presionar por las autoridades partidistas”.

Y es que dicho dirigente priísta había declarado minutos antes de que inicie la sesión que la votación de la ratificación del magistrado es importante porque es el que está dando seguimiento a los casos de despidos injustificados por parte del gobierno de Mauricio Vila Dosal.

“El Poder Judicial ya hizo un análisis y evaluó el desempeño profesional del magistrado Antuña, por lo que no hay ningún elemento que pueda impedir su ratificación; (el dictamen) a todas luces parece que está obedeciendo a un tema político más que técnico y jurídico. Creo que en el gobierno están preocupados y avergonzados porque dejaron a decenas de familias sin sustento”, declaró Torres Rivas.

Por su parte, el perredista Cuevas Mena fue más allá, pues aseguró que con la decisión de botar al magistrado la derecha está defendiendo a los patrones, mientras que la izquierda busca defender a la ciudadanía. 

“La creación de los tribunales es para evitar abuso de las autoridades, están para defender los derechos de los ciudadanos y para procurar la justicia.  Hay 700 millones de pesos en demandas, pero eso es producto del despido de miles de trabajadores por parte de los ayuntamientos”, puntualizó.

Mientras tanto, la lideresa de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, declaró que el articulo 66 de la constitución yucateca establece que la evaluación que realice el Poder Judicial es para poner a consideración de las y los diputados, por lo que el Congreso sí tiene facultades para decidir no ratificar al mencionado magistrado, “no es un mero trámite”.

También hizo una fuerte acusación, pues señaló que alcaldes le informaron que habían recibido llamadas en las que les pidieron den buenas referencias de Antuña Aguilar para que sea ratificado y, a cambio, los laudos se resolverían favorablemente para sus ayuntamientos. 

De igual forma, sostuvo que él  ha demostrado no ser parcial en sus sentencias, por lo que no vela por los intereses de los ciudadanos ni de los gobiernos, más bien busca beneficiar a los despachos de abogados que se llevan fuertes comisiones con sus resoluciones. 

Fue entonces que el líder del PRI, Felipe Cervera Hernández, hizo uso de la voz para enfatizar que hay que comprender el dictamen del Poder Judicial que evaluó positivamente al magistrado, por lo que se tiene que respetar su autonomía. Además, de que no hay razón jurídica para no permitir que continúe en el cargo.

Y sobre la situación económica que atraviesan los ayuntamientos por los laudos en su contra, recalcó que el que puede resolverlo es el Gobierno del Estado en coordinación con el Congreso al otorgar en su proyecto de presupuesto recursos para saldar las deudas con extrabajadores.

Además dijo que si de verdad el mencionado magistrado cometió actos de corrupción se tienen que presentar las pruebas e incluso denunciarlo ante las instancias correspondientes, “pues de lo contrario nos convertimos en cómplices”.

Para finalizar, Milagros Romero Bastarrachea de MC, recordó que una iniciativa de ley que presentó y fue aprobada para establecer plazos para la resolución de los procedimientos por despido de trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, fue a raíz del problema que existe del retraso de los juicios por parte de los abogados, que representa una irregularidad en los casos.

La sesión terminó con 14 votos a favor y 11 en contra, por lo que se aprobó el dictamen para no ratificar a César Antuña. Sin embargo, si dicha persona decide presentar un amparo argumentando la decisión y autonomía del Poder Judicial, podría recuperar su cargo.