Indignación y Artículo 19 aseguraron que el alcalde Edgar Calderón vulneró el derecho a la protección de datos personales del campesino fallecido por Covid-19.

Además, señalaron que los filtros que colocó en la cabecera obstaculiza la accesibilidad oportuna de los pobladores originarios a los sistemas de salud.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 5 de mayo de 2020.-Las agrupaciones Indignación y Artículo 19 manifestaron que el fallecimiento de un campesino en la comisaría de Xoy y la protesta en contra de las medidas impuestas a la comunidad por el alcalde de Peto, Edgar Calderón Sosa, han puesto en evidencia la continuación de violaciones a los derechos del pueblo maya en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Dichas asociaciones hicieron referencia al caso del señor Bernardino Canul Xix, integrante de la Red Mayense de Guardianes de las Semillas, ocurrido en Tekax el 29 de abril, pues desde entonces el edil inició con una campaña de criminalización hacia su familia y a los habitantes de su pueblo.

Aseguraron que Calderón Sosa vulneró el derecho a la protección de datos personales del campesino fallecido al difundir, en una conferencia transmitida a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Peto, información sensible sobre las causas de su muerte y la existencia de posibles contagiados de Covid-19 en la comisaría de Xoy. 

“Esta forma de usar y difundir la información y datos personales contribuye a la estigmatización del pueblo maya, además de que en este caso particular los dichos del alcalde pusieron en peligro la integridad de los miembros de la familia del campesino fallecido. También pone en manifiesto la ausencia de estrategias focalizadas para asegurar el derecho de acceso a información accesible, oportuna y culturalmente pertinente que permita disminuir contagios, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas contagiadas y sus familiares”, sostuvieron en un comunicado.

Recordaron que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los pueblos originarios son un grupo de población altamente vulnerables en el contexto de la pandemia. Asimismo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha señalado que los responsables del sector público y privado deben evitar la difusión pública no autorizada de información y datos personales de casos -posibles o confirmados- de Covid-19. 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) también se ha pronunciado al respecto, señalando el derecho a la privacidad y protección de datos personales para asegurar un trato digno y humano a las personas portadoras o en tratamiento de coronavirus.

“Este caso pone de manifiesto la especial dificultad que encuentra el pueblo maya para el acceso a los servicios hospitalarios y el respeto a su derecho a la salud. La instalación de retenes y filtros sanitarios en las cabeceras municipales ha venido a obstaculizar y dificultar aún más que los pobladores de las comisarías puedan acceder a servicios médicos en las cabeceras municipales. Los familiares del campesino fallecido señalaron que, debido a un retén de ingreso, tuvieron que esperar un largo rato antes de poder entrar a Peto, la cabecera municipal donde se encuentran los principales servicios de salud. Esta dilación podría haber tenido consecuencias en el agravamiento de las condiciones del enfermo”, se precisó en un comunicado. 

Sostuvieron que la instalación de filtros contravienen las recomendaciones de la OEA que sostienen que las poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como los pueblos originarios, deben tener accesibilidad oportuna a los sistemas de salud. De la misma manera, señalar que los alcaldes no pueden sobrepasarse de las facultades que le concede la constitución mexicana, además, es obligación de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) vigilar las actividades de los ediles.

“Las organizaciones Indignación A.C. y Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica expresamos nuestra solidaridad con la familia del fallecido y con toda la comunidad de Xoy y exigimos el respeto al derecho a la protección de datos personales y al derecho a la salud de los integrantes de los pueblos mayas en el contexto de la pandemia de Covid-19. Asimismo, exigimos la reparación del daño por parte de las autoridades competentes por la estigmatización de la que fue objeto el campesino maya de Xoy y su familia al divulgarse información sensible”, finalizaron.