La página Packs de México continúa en línea y a pesar de la experiencia previa de Yucatercos, en la que el caso se investigó como trata de personas en modalidad de pornografía, la Fiscalía insiste en perseguir el delito exclusivamente contra la imagen y la intimidad.

Desde que se tipificó este último delito, ya se interpusieron 45 denuncias, pero hasta día de hoy no existe una sola persona sentenciada en Yucatán. 

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 27 de noviembre del 2020.- Emmy Puerto tenía 15 años de edad cuando tuvo que enfrentarse al bullying de las y los estudiantes de la secundaría a la que asistió, el cual en muchas ocasiones fue orquestado por sus propios profesores.  La adolescente vivió el rechazo social debido a que un joven con el que salió filtró sus fotografías íntimas en el portal de pornografía Yucatercos.

El proceso para asimilarlo fue más allá de aislarse, la joven tenía miedo y al principio sintió que era su culpa. Además, sufrió de otras agresiones psicológicas, verbales y físicas en las que mujeres y hombres fueron cómplices. 

“Eso hice, me escondí, sí iba a la escuela, pero fue horrible. Si quería salir era sobajada, insultada, me sacaban de fiestas, me tiraban cosas y gritaban cosas en la plaza. Fue mucho el acoso y no sólo en internet, hasta de maestros”, relató Emmy.

La historia de la joven ocurrió en el 2015, para aquel entonces las leyes yucatecas no contemplaban la reforma relacionada al delito contra la intimidad y la imagen personal. Hasta el 2018 se modificó el Código Penal del Estado para castigar a quien difunda imágenes y videos íntimos sin el consentimiento de la persona.

Temporalmente, Emmy obtuvo un periodo de calma, pues en el 2016 la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, desmanteló la red de pornografía Yucatercos, que vendía  imágenes y videos de mujeres de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y extorsionaba a las víctimas.

Los administradores fueron enjuiciados por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía. En el caso de Yucatán, uno de los operadores que se localizó en un domicilio en la comisaría de Chablekal, Bryan Slater González Padrón, fue hallado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión.

Pero  las jóvenes a las que les robaron la tranquilidad y con las que comercializó este sitio web, solo recuperaron su privacidad por un breve momento.

En el 2018 surgió otro portal que replicó el mismo modelo de trata de personas con venta de membresías y extorsión, se trata de Packs de México. Desde ese año hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se acumularon 45 denuncias en dos carpetas de investigación relacionadas con sitios que emiten imágenes de contenido sexual.

La página continúa en línea y a pesar de la experiencia previa de Yucatercos, en la que se investigó como trata de personas en modalidad de pornografía, la Fiscalía insiste en perseguir el delito exclusivamente contra la imagen y la intimidad, tipificación por la que hasta el día de hoy no existe una sola persona sentenciada en Yucatán. 

En este sentido, la activista que lucha contra la violencia digital, Olimpia Coral Melo, reiteró que en Yucatán las y los diputados, al igual que las autoridades estatales, solo simularon estar interesados en el tema.

“Es necesaria la colaboración de los políticos e instituciones, no puede ser que a cuánto tiempo de haber aprobado en Yucatán esta reforma no tengamos ningún caso sentenciado. Esto habla de que no solo debe ser una “copia pega” y una banderita de estoy apoyando a las mujeres”, comentó. 

Además, la abogada penalista y defensora de género y de derechos humanos, Ana Katiria Suárez, explicó que  si el caso de Packs de México tiene las mismas características al antecedente de Yucatercos, es evidente que es un delito distinto al de solo la intimidad y debería ser investigado con esa perspectiva.

“Lo que es deficiente es la tipificación y la integración del delito, aquí toca a los asesores jurídicos o los representantes de la víctima por parte del Estado solicitar la reclasificación y, si no se está dando dolosamente por parte del Ministerio Púbico, pues tendríamos que allegarnos a un litigio estratégico. Se podría solicitar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), porque hay ciertos convenios internacionales que establecen cuáles son los criterios para determinar qué tipo de delitos se están generando en relación de estas conductas en razón de género, o sea, no se puede ir al mínimo”, abundó.

La impunidad con la que continúa operando esta red de trata de personas es una suma a la falta de actuación de las autoridades para perseguir el delito. 

Incluso, en una entrevista realizada vía correo electrónico, uno de los administradores de la actual página aseguró que tienen contactos en la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía. También confesó que al inicio trabajaron en colaboración con un integrante de Yucatercos.

«De hecho logramos dar con varios administradores de la extinta página Yucatercos, uno de ellos nos ayudó en algunas cuestiones hasta que cortamos toda relación con dicho administrador por ciertas discrepancias. También hemos contactado y tenido colaboradores de otros grupos de hackers de otros estados», relató uno de los integrantes de Packs de México.

Tras el surgimiento de esta segunda red de trata y a dos años de que en Yucatán se legisló para castigar a quienes sometan a las mujeres a violencia digital, Emmy Puerto se animó a denunciar, pero de nueva cuenta no pasó nada.

En la Fiscalía la enviaron a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) donde inicialmente fue atendida solo por hombres. “Nos empezamos a dar cuenta que no me ayudarían en nada. Había dos carpetas enormes, entró la abogada de nombre Noemí y me advirtió que lo de mis fotos me acompañará toda la vida, por lo que tendría que dejar de hacerme la víctima”, enfatizó. 

A cuatro años del primer operativo que presuntamente acabó con la red de pornografía, Haz Ruido detectó que las fotografías y videos de las jóvenes de la página Yucatercos todavía circulan en grupos de WhatsApp de otras entidades del país. 

Otra de las incongruencias de la Fiscalía en contra de las denunciantes es negarles el acceso a sus propias carpetas de investigación. Y ante esta situación, la abogada Ana Katiria recomendó a las mujeres que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

“Que inicien una queja porque no se les está dando acceso a la misma, por lo tanto se viola el principio de que todos tenemos derecho o acceso a la justicia y a estar informados, sería una forma de desatorar esta dolosa desinformación de las autoridades” recalcó. 

A Emmy, las críticas ya no le hacen daño y decidió darle otro curso a su vida. La joven ahora tiene 20 años y quiere ayudar a otras que desean denunciar, ya no está dispuesta a ceder al chantaje, pero aún busca justicia.

“Me cansé y me pregunté qué me hará sentir tranquila, ¿que metan a la cárcel a mis agresores? está difícil, porque dicen que perdí las pruebas y ya pasó mucho tiempo. Ahora yo quiero ayudar a las otras niñas. Yo ya estoy en ese riesgo de que me sigan haciendo sentir mal y hay otras que van pasando por este proceso que no saben para donde ir y me gustaría apoyarlas”, recalcó.

La joven se encuentra organizando a las demás mujeres que deseen justicia para apoyarlas. Si eres víctima de esta red de trata o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes contactarla a través de las páginas de Facebook Frente Nacional Para la Sororidad Yucatán y Defensoras Digitales Yucatán. También puedes escribirle a su correo [email protected] o contactarla vía Instagram en @EmmyPuerto.