Entregan más pruebas en la Fiscalía Anticorrupción  por las denuncias interpuestas por los diversos delitos cometidos en la administración 2015-2018.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 1 de julio de 2020.-El alcalde de Tekax, Diego Ávila Romero, compareció ante la Fiscalía Anticorrupción para revisar y aportar más pruebas en las carpetas de investigación por las denuncias que interpuso por hechos posiblemente delictuosos, detectadas en el proceso de entrega-recepción y en contra de varios exfuncionarios de la pasada administración municipal 2015-2018.

Comentó que pidió que se agilicen todos los procesos de investigación e integración de las referidas carpetas, al igual de las denuncias interpuestas por la Auditoria Superior del Estado, instancia que al concluir sus procesos administrativos y de no ser solventadas por los exfuncionarios involucrados, también pasaron a ser judicializadas.

“Esto no se trata de una casería de brujas o de cuestiones personales o políticas, se trata de que por primera vez las irregularidades cometidas al patrimonio de los tekaxeños no queden impunes. Que se haga justicia y se castigue a los responsables en su caso”, señaló.

Entre las anomalías y faltantes detectadas y documentadas durante la gestión del priísta Josué Manancé Couoh Tzec, destacan que el parque vehicular del ayuntamiento está totalmente inservible, la ambulancia equipada no fue entregada y los vehículos no tienen motor, pero sí aparecieron facturas de compra de éstos por mas de cien mil pesos.

Además, a pocos meses de que termine esa administración, se facturó más de 46 mil pesos por cambio de chasis de una pipa de agua potable, pero al recibirla, estaba inservible.

Hay  otras que solo refieren ciertos servicios de mantenimiento por grandes sumas de dinero, pero no especifican a qué vehículos se las realizaron; y en otros casos, aparecen que se aplicaron a modelos de vehículos de lujo, como Ford Lobo, Mini Coopers, entre otros.

También se detectó millonarios gastos en concepto de nomina del personal y lo grave es que no hay la evidencia de actividades de labores de esos supuestos servidores públicos.

 En el rubro de pago de ayudas diversas, solamente en el 2017 aparece que se presupuestó un poco más de tres millones de pesos, pero al final acabaron ejerciendo más de 18 millones, sin justificación alguna; además, ya no se entregó evidencia del padrón de beneficiarios y al cotejar los recibos con las credenciales de elector, en muchos casos las firmas no coinciden o están sin rubrica. También se encontró  que los beneficiarios eran los propios empleados del ayuntamiento.

Asimismo, actas de sesiones de cabildo incompletas, duplicadas y alteradas. En éstas, llama poderosamente la atención algunas en la que se autorizaron 19 expendios de bebidas alcohólicas duplicadas que no coinciden.

Al solicitar la comparecencia de exregidores para aclarar la situación, estos manifestaron estar extrañados y categóricamente refirieron que no corresponden a las firmas que acostumbran utilizar. Igualmente, hay puntos que no fueron cabildeados y muchomenos sometidos a votación y aprobados.

Respecto al pago de servicios, la gran mayoría sin justificación y aprobación. De hecho hay casos de empleados que al mismo tiempo eran prestadores de servicios, resaltando el hecho de directores que fueron beneficiados en adquisiciones o sus familiares. 

En el rubro de combustible, no se entregaron bitácoras de consumo pero sí hay grandes cantidades que se erogaron en ese concepto. Es decir, no hay la evidencia para saber si fueron utilizadas para vehículos y actividades oficiales y en algunos casos, los reportes está incompletos con tachaduras, o se observan apodos del servidor público, como por ejemplo “el doc”, “la tesorera”, “el oficial mayor”, con gastos arriba de mil pesos en gasolina.

En concepto de obra pública, los expedientes están incompletos y no reúnen los requisitos mínimos. La gran mayoría no fueron firmados por los funcionarios responsables y se detectaron altos costos, entre otros.

En cuanto a impuestos, hay retenciones que no fueron declarados y enterados al Fisco. Además, hay el arrendamiento de un edificio y el pago por más de 30 mil pesos mensuales para el servicio de una empresa privada, sin la justificación correspondiente.

También se detectaron compras de bienes como computadoras, desbrozadoras, cámaras de circuito cerrado, cámaras fotográficas, máquinas para soldar, motosierras, impresoras, equipos para internet, minisplit de aire acondicionado, radios para comunicaciones, bombas para el sistema de agua potable, cloradores, motores, entre otros, que no fueron entregados físicamente y mucho menos fueron incorporados al inventario.

En concepto de materiales de construcción, existen grandes cantidades ejercidas, sin evidencias del destino final. Algunas, con pago de fletes fuera del municipio, por ejemplo a Postunich.

De igual forma, gastos por asesorías contables y jurídicas, realizadas por despachos que no se justifica en virtud del total desorden y faltantes encontrados, pues ni siquiera se entregó el histórico de legajos contables, amen de los laudos laborales que no fueron tratados y fue creciendo la deuda que hoy asciende a mas de 70 millones de pesos.

Sobre todo esto, el alcalde Diego Ávila  declaró que “estamos valorando y analizando nuevas estrategias jurídicas para coadyuvar con la Fiscalía Anticorrupción para que se agilicen los procesos y pueda ponerse a consideración de un Juez de Control todas las evidencias, quien finalmente será el que determine lo condecente”.