Diputadas presionan a la Corte para dictaminar sobre matrimonio igualitario
Piden a las ministras y a los ministros que se apresuren a revisar los amparos, para que obliguen al Congreso de Yucatán a que apruebe los matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que finalice la actual legislatura.
Por Herbeth Escalante
Mérida, Yucatán, 17 de junio de 2021.-Las diputadas sin partido Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea enviaron una carta a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedirles que dictaminen y voten lo antes posible los amparos en revisión presentados por activistas que luchan por la legalización de los matrimonios igualitarios en Yucatán.
En el documento, recordaron que en el 2019 la mayoría del Congreso del Estado se opuso, en dos ocasiones, a una iniciativa que buscaba el reconocimiento de las uniones de las personas del mismo sexo. Además, la votación de las y los legisladores se realizó a través de cédulas de forma secreta, lo cual consideran como ilegal.
Por tal razón, activistas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT+) presentaron los amparos 413/2020, 27/2021 y 25/2021, de los cuales, los dos primeros ya fueron turnados al Pleno de la SCJN. Sin embargo, hasta el momento no han sido discutidos por las y los ministros.
En ese mimo sentido, López Escoffié señaló que en la carta enviada manifestaron su preocupación de que la actual legislatura estatal concluya sin que antes la Corte haya emitido una sentencia sobre este tema.
“Confiamos profundamente en el criterio que reiteradamente ha demostrado en otras ocasiones, así como la sensibilidad y compromiso que ha caracterizado institucionalmente a esta SCJN a favor de los derechos de la comunidad LGBT+. Es por eso que, atendiendo a la trascendencia del tema y al poco tiempo que le falta a la actual legislatura para concluir con su mandato, nos dirigimos a ustedes para solicitar de la manera más respetuosa, que los asuntos de referencia sean dictaminados y votados por el Pleno y la Primera Sala, según corresponda, para efectos de que esta misma Legislatura sea la que deba reaccionar frente a su eventual orden”, indicó la diputada al leer la mísiva en rueda de prensa.
Al respecto, Milagros Romero dijo que confía que la Corte obligará al Congreso de Yucatán a que legisle a favor del matrimonio iguliatario, como ocurrió hace unos días en Sinaloa. “Aquí aún se puede sesionar y votar a favor, para que nos podamos ir cumpliendo, aunque sea a la fuerza para algunos diputados, pero con la responsabilidad de que se respetó el artículo 1 de la Constitución sobre la no discriminación”, agregó.
Explicó que ya pasaron seis años desde que la SCJN sentenció que todas las mexicanas y los mexicanos tienen derecho a casarse con una persona del mismo sexo, pero en Yucatán no se han realizado las modificaciones legales para cumplir con esa jurisprudencia.
“Ya son 21 Estados que lo aprobaron y nosotros somos de los últimos. Se presume que en Yucatán hay mucha vanguardia en temas legislativos, pero en cuanto a derechos humanos siempre estamos en la colita”, lamentó.
Dijo que a la par de los mencionados amparos, hay dos iniciativas sobre el matrimonio igualitario que están congeladas en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, las cuales fueron presentadas por ellas mismas y por el Poder Judicial de Yucatán hace más de un año.
Por cierto, ambas legisladores señalaron que es una buena señal que los amparos fueron turnados al Pleno de la SCJN, pues eso le dará fuerza al sentido de su sentencia, la cual esperan sea favorable. También revelaron que hay buen ánimo por parte de los legisladores de las otras bancadas de sesionar y obedecer la eventual decisión de las y los ministros.
Cabe recordar que uno de los amparos, el 413/2020, promovido por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, plantea que el Congreso del Estado violó el Pacto Federal al negarse a reconocer el matrimonio igualitario, es decir, tomó una decisión inconstitucional que va en contra de la jurisprudencia emitida por la propia SCJN en 2015.