Las autoridades federales no cumplen las suspensiones otorgadas por los jueces, además de que los militares que construyen la obra prácticamente se han apoderado del agua de las comunidades.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 27 de junio de 2023.-Activistas, académicos y habitantes de zonas indígenas han denunciado entre diversas problemáticas, la militarización en sus comunidades y a la vez la escasez de recursos naturales como el agua, además de servicios públicos como la luz eléctrica como consecuencia de las obras del Tren Maya.

En rueda de prensa, desde Mérida, activistas del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, así como académicos y personas directamente afectadas, dieron a conocer los desacatos y violaciones a las suspensiones definitivas otorgadas por el Juzgado Primero de Distrito e de Yucatán y ratificadas por el Tribunal Colegiado.

Sobre la situación que atraviesan, Nicolás Moreno Jiménez, habitante de Calakmul, dijo que desde que se construye el Tren Maya notan diversos cambios en sus comunidades y en su mayoría se trata de efectos negativos.

Una de las actividades que han sido afectadas directamente es el desarrollo de la agricultura y además en la misma convivencia social hay modificaciones, porque por ejemplo, se nota el aumento de diversas adicciones como el alcoholismo.

«Antes las personas de la comunidad no se emborrachaban, pero desde que hay mucha gente trabajando en las obras, ya se emborrachan cada fin de semana y hay escándalos en la comunidad que antes no había», expuso.

A la par, ya detectan afectación en el servicio de energía eléctrica, pues también las personas trabajadoras necesitan luz para las obras que se realizan por el proyecto tan anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La situación les preocupa  porque esto sucede apenas en la edificación del proyecto, pero se prevé que la problemática se agudice cuando exista todo el desarrollo que se avecina en los próximos años.

«Ya con la energía eléctrica estamos siendo afectados porque hay una descarga en el trabajo del Tren Maya. Quienes tienen pequeños negocios recurren a congelar sus productos porque los apagones son frecuentes, igual los pocos aparatos que tenemos, ya se nos han quemado algunos y tenemos mucho miedo que habrá todavía más afectaciones», mencionó.

Romel González Díaz, coordinador de Democracia del Buen Vivir del Consejo Regional Regional Indígena y Popular de Xpujil, hizo hincapié también en los problemas que presentan ante la escasez y militarización del agua y han tenido que recurrir al pago de pipas para subsistir.

En este sentido, han observado que los militares usan el agua de sus pozos y también extraen del manto acuífero, lo que provoca que haya sobreexplotación.

«También observamos que el agua se está militarizando porque en toda la región donde hay zonas de bombeo que están cerca del paso del Tren Maya hay elementos de la Guardia Nacional», agregó.

Al respecto, el abogado Raúl Aldama Gavilán, recordó que las autoridades que han emprendido este proyecto  niegan la presencia de cenotes en la ruta del tren, a pesar de que es sabido que toda esta superficie está sobre ríos subterráneos.

«Han dicho que el cenote más cercano está a kilómetro y medio, pero en sí hay otros que están mucho más cercanos», describió.

Gerónima López Hernández, habitante de Calakmul, recordó que este proyecto no tuvo las bases necesarias, ya que no hubo una consulta efectiva a los Pueblos Indígenas, quienes son los verdaderamente perjudicados.

«Nosotros somos los afectados como campesinos y también como habitantes en general porque notamos escasez de frutas y verduras porque con la llegada de más personas poco a poco no nos daremos más abasto. En general también la militarización en las comunidades nos perjudica porque incluso nos prohíben hacer actividades que antes hacíamos como parte de nuestras costumbres», resaltó.

Ana Esther Ceceña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que en la zona del Tren Maya se ha identificado el despliegue de más de 60 mil efectivos militares, lo cual definitivamente cambia la dinámica de las comunidades.

Recordaron de esta forma que el Gobierno Federal con todas sus instituciones continúa violando derechos humanos y ambientales.

Las personas que se oponen a este megaproyecto recordaron que el tren y los hoteles militares que se realizan en el tramo 7 se construyen en superficies de terrenos sin derecho de vía, además que no cuentan con los permisos de construcción, sin autorización de cambio de uso de suelo y sin modificaciones al Límite de Carga Ambiental en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Hicieron hincapié que en este gobierno se dan autorizaciones para ocupar zonas de ANP a personas ricas, a narcotraficantes y a militares.

De esta manera, piden al Poder Judicial que actúe conforme a sus atribuciones y facultades para resolver los juicios de amparo interpuestos.