Los policías, quienes deben protegernos y velar por nuestra seguridad, más bien alimentan de miedo a la sociedad con este tipo de actos. Además, constantemente hay denuncias en su contra por  violar derechos humanos.

Por Abraham Bote

Mérida, Yucatán, 6 de enero de 2020.- Ocurrió poco después del mediodía del primer sábado del año, el cielo estaba  nublado y el aire menos cálido que lo habitual; caminaba por  la calle  50 con 59 del Centro Histórico,  a pocos metros del Parque de Mejorada, cerca de la iglesia, rumbo al cajero automático más cercano. 

Vestía unos pantalones desgastados por el uso, rotos de la parte de la rodilla izquierda,  unos lentes de sol y, como siempre,  el cabello desaliñado. Algo me decía que debí batallar más con el peine esa mañana.

De repente,  un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dentro de su patrulla me pidió que me detuviera.  Al principio pensé que sólo era para pedir algún tipo de indicación; sin embargo, dentro de mí, sabía que se trataba de una de sus prácticas constantes: una revisión de rutina para hostigar a la ciudadanía, basada en la discriminación y los prejuicios. 

Me  quité los audífonos, los lentes. Los oficiales descendieron del vehículo oficial y me pidieron con cierta  amabilidad que les mostrara las pertenencias que traía en mi mochila. En ese momento, mi hernia hiatal detonó todavía más mi reflujo  y acidez estomacal. El enojo estaba preparado y el show estaba por comenzar.

«Por seguridad a nivel de escarpa… se hace de manera preventiva… es una revisión de rutina»,  así  se justificaron  los elementos de la corporación identificados como  Ángel Várguez Caamal y Luis Pool Ch., de la patrulla 6029,  al detener mi paso en una de las calles de la ciudad más segura del país. 

Si bien, en Yucatán no hay una crisis de seguridad como en otras entidades, las autoridades locales recurren a prácticas como la tortura o detenciones arbitrarias  para castigar delitos comunes, o simplemente para  violar derechos humanos. De las llamadas revisiones de rutina a éstas, sólo hay un paso.

Me negué a la «revisión», pues sólo me encontraba caminando, no había ningún sustento legal para ceder  ante sus peticiones. Cuestioné a los uniformados sobre cuál era la razón de exigir que les enseñará mis pertenencias y una  identificación oficial. Cuestioné  si había alguna denuncia en mi contra o una orden judicial, sin embargo, reconocieron que no había nada de eso.

Entonces, ¿por qué detenerme? Que por seguridad, que por prevención, que por rutina, pero más que nada se trataba de una revisión arbitraria e ilegal, que no tenía ninguna base legal, con lo que demostraron su  desconocimiento de los derechos y evidenciaron una arbitrariedad basada  en un acto de discriminación. Sí, de discriminación.

Jorge Fernández Mendiburu, abogado y activista del Equipo Indignación,  comentó que ninguna revisión arbitraria o por rutina tiene justificación legal y que todo acto de detención  tiene que estar debidamente fundado y motivado con una orden judicial, o en su caso, en flagrancia, o un señalamiento.

El activista indicó que se ha denunciado frecuentemente que se detienen a personas que tienen ciertas características, como tatuajes, color de piel, estudiantes, o que tienen un tipo de peinado específico o de ropa. Todo esto es discriminación,  los elementos policiacos se basan en prejuicios, por que al final del día cuál es el parámetro para determinar a quién se revisa. «Si estás bien vestido quiere decir que no eres un potencial delincuente», manifestó irónico.

El otro oficial, su compañero, Luis Pool Ch.,  en todo momento negó que se tratara de una detención ilegal,  quien al ver que estaba grabando también empezó a grabar con su celular lo que sucedía. 

Al negarme a enseñar mis pertenencias, como si supieran que sus actos siempre quedan impunes, señalaban que al no ceder era  porque ocultaba algo. Como si cuestionar a la autoridad, haciendo valer mis derechos, fuera un acto que justifique su actuar. 

Entonces, al ver que no me dejaban continuar con mi camino, accedí, molesto, a enseñar mis cosas, dejé mi mochila en el cofre de la patrulla, para que vieron que tenía. Uno de los  oficiales dijo que para que no haya ninguna arbitrariedad, que yo mismo  sacara las cosas. Lo hice, enseñé lo que tenía: un libro, dos revistas Algarabía, libretas, plumas, mi identificación como reportero,  de prensa, y mi cámara fotográfica. 

Esto pareció generar cierto impacto en los elementos, pues bajaron su tono de voz, se calmaron por un momento, intentaron  conciliar,  pero  al mismo tiempo exigieron que les entregara la credencial del medio de comunicación en la que trabajo -sin ninguna razón tampoco- por «protocolo». Aunque no haya hecho nada indebido, o cometido algún delito, anotaron mis datos en sus registros. 

Claro que enojan este tipo de acciones y actitudes policiacas, sobre todo porque es sabido que quienes deben protegernos y velar por nuestra seguridad más bien alimentan de miedo a la sociedad, pues constantemente hay denuncias contra éstos por  violar los derechos humanos.

Por ejemplo,  la agrupación Elementa DDHH dio a conocer a través de su estudio «Derechos humanos en contexto: aproximaciones para la sociedad civil»,  que tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del estado. 

 Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) informó que hubo un incremento de quejas en 2019 por violaciones a derechos de la ciudadanía y que, precisamente, la mayoría fueron en contra de la SSP con 194.

O cómo lo olvidar lo ocurrido el pasado 25 de noviembre, en el Día internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, en el que elementos de la Policía Estatal detuvieron de manera ilegal a siete mujeres que participarían en una marcha, sólo por portar tijeras para cortar papel. 

Al no encontrar nada en mi mochila y luego de más de 15 minutos, seguí, por fin, mi camino, llegué al cajero, retiré dinero, fui  a un conocido restaurante de la calle 62 del Centro y me  comí un cóctel de camarón para tratar de desvanecer el amargo sabor  que dejó este encuentro.

Este tipo de acciones son prácticas frecuentes en contra de ciudadanas y ciudadanos que se han tomado ya  como normales, pero no lo son, por lo que es  urgente que las autoridades estatales  y municipales capaciten a sus elementos policíacos, con perspectiva en derechos humanos, principalmente.

Además se tienen que sancionar estos actos, que no tienen ningún sustento legal, pero que son usados  con el fin de intimidar a la sociedad y así  preservar esa imagen de paz que se presume por todos lados.