Este instrumento, aprobado por el Congreso del Estado, incluye la clasificación de los hechos, lugar de hallazgo de los cuerpos, entre otros datos importantes, para contar con una estadística criminal y de víctimas, para definir las políticas de prevención al delito.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 5 de mayo de 2021.-El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un dictamen que contiene cinco iniciativas que reforman la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de registro de casos de agresión hacia las mujeres, de violencia institucional, de violencia obstétrica, de protocolos de actuación para la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra mujeres, y de órdenes de protección de emergencia.

La diputada del PRI, Karla Franco Blanco, indicó que su iniciativa para crear el registro público y sistemático de casos de agresión hacia las mujeres incluye la clasificación de los hechos, lugar de hallazgo de los cuerpos, entre otros datos importantes, para contar con una estadística criminal y de víctimas, para definir las políticas de prevención al delito, procuración y administración de la justicia.

“La propuesta derivó de la preocupación de los múltiples actos de violencia que sufren día a día las mujeres de nuestro estado, sin duda es la manifestación más clara entre hombres y mujeres, la más grande violación de los derechos humanos de millones de mujeres, niñas y jóvenes”, sentenció.

También en tribuna, la diputada del PRI, María Moisés Escalante, explicó que su propuesta expone la necesidad de contar con protocolos especializados en la prevención, atención y sanción de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en los centros laborales, es decir, se brindará a las mujeres que sufren de acoso u hostigamiento sexual en el ámbito laboral, las herramientas necesarias para que su caso sea atendido.

“Dichos protocolos, deberán contener las reglas mínimas de actuación en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres, así como las medidas de reparación integral del daño y la protección en todo el proceso de la integridad de las víctimas, además de las garantías de no repetición de la conducta, no revictimización y el respeto al principio de presunción de inocencia”, recalcó.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Milagros Romero Bastarrachea, detalló que la iniciativa en razón de violencia institucional, propuesta por las 12 diputadas de la LXII Legislatura y el diputado de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo, tiene por objetivo establecer que las autoridades estatales y municipales tengan la obligación de organizar el aparato gubernamental para que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la prevención, atención, investigación, sanción y, en su caso, reparación del daño que les inflijan.

Además, relató que la reforma en materia de Violencia Obstétrica, busca adicionar diversas atribuciones a la Secretaría de Salud que van encaminadas a promover la erradicación de prácticas violentas o discriminatorias dentro del personal que labora dentro de las instituciones de salud de los sectores público o privado, brindar la información necesaria a la población en general, con el fin de poder identificar este delito, así como la instrumentación de mecanismos de atención a denuncias y canalización de casos a las autoridades correspondientes.

Por último, Romero Bastarrachea, añadió que la iniciativa de órdenes de protección de emergencia, suscrita por la fracción del PRI y el diputado Enrique Castillo Ruz, se enfoca a reformar la temporalidad prevista de setenta y dos horas para una orden de protección de emergencia, incrementarla a 60 días; así como disminuir de 8 a 4 horas siguientes de haberse realizado la solicitud para que se dicten tales medidas de protección.

En su turno, la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, reconoció el trabajo para contar con un producto legislativo que protege los derechos de las mujeres en Yucatán, toda vez que durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, los índices de violencia han aumentado en el estado y las llamadas al 911, incluso de niñas, han incrementado en un 36 por ciento.