El Tribunal Pleno invalidó las disposiciones en las Leyes de Ingresos en las que establecían cobros a la ciudadanía por ejercer su derecho a la transparencia, por lo que el Congreso del Estado no podrá volver a aprobarlas.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 11 de octubre de 2021.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las disposiciones de las Leyes de Ingresos de 48 municipios de Yucatán del ejercicio fiscal de 2021, en los cuales establecían cobros a la ciudadanía por concepto de derechos en materia de acceso a la información.

Cabe mencionar que esas Leyes de Ingresos fueron aprobadas en 2020 por la legislatura estatal pasada, a pesar de ser inconstitucional que se pretenda cobrar a la población por ejercer su derecho de realizar solicitudes de transparencia.

En la sesión de este lunes, el Tribunal Pleno determinó que las disposiciones analizadas resultaban violatorias del principio de gratuidad que rige la materia, pues el legislador local no justificó los costos por la reproducción de información.

Además, se invalidó por extensión la porción normativa “y USB” del artículo 39, fracción IV de la Ley de Ingresos del Municipio de Chumayel, al contener el mismo vicio de inconstitucionalidad.

El ministro Javier Laynez Potisek señaló que los únicos cobros que pueden efectuarse son para recuperar costos de producción y envío. Además, las cuotas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva razonable y, por lo tanto,  los Congresos están obligados a explicar la metodología de éstas con una motivación reforzada.

En su sentencia, la Corte enfatizó que en virtud de que la declaratoria de invalidez recae sobre disposiciones generales de vigencia anual, determinó que en lo futuro el Congreso del Estado deberá abstenerse de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad respecto de las normas declaradas inválidas.

Cabe mencionar que las acciones de inconstitucionalidad 23/2021 y su acumulada 37/2021, fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  y la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), en la que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de Leyes de Ingresos de 48 municipios para el ejercicio fiscal de 2021, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2020.