Esta problemática está en el centro de las discusiones y el debate público en la actualidad.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 9 de diciembre de 2019.- El 43 por ciento de la población urbana en Yucatán considera que la corrupción es el principal problema social, percepción que no debe minimizarse porque esto determina las discusiones y debate público en la actualidad, afirmó la directora adjunta de Desarrollo de Información Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Alejandra Ríos Cázarez.

En el marco de las actividades con motivo de la clausura de la Semana Anticorrupción y del Día Internacional contra la Corrupción, la especialista dictó una conferencia magistral en el Auditorio “Víctor M. Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

Ante integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, académicos, líderes empresariales y público en general, la también académica e investigadora detalló que cuatro de cada 10 yucatecos consideran que este flagelo es el problema más grave en la entidad, tan sólo por debajo de la ineficiencia en los servicios hospitalarios.

“Hay que recalcar que, aunque la percepción es la construcción social de un problema, sí es relevante, porque determina las discusiones y debate público”, precisó Ríos Cázarez, quien dio a conocer estos datos a partir de encuestas, censos y registros administrativos realizados por el Inegi

En ese sentido, dijo que la prevalencia de esa incidencia es del 57 por ciento a nivel nacional, tan sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. Además, en el rubro empresarial, el 18 por ciento de las unidades económicas señalan que es el principal obstáculo para la inversión y el crecimiento económico.

La funcionaria explicó que lo realmente preocupante es que la mayor parte de las instituciones en donde el nivel de percepción de corrupción es las más elevadas son las que tienen que ver con procuración de justicia, seguridad pública y representación política.

“De lo más complicado es en aquellas instituciones en donde la soberanía nacional se delega para la toma de decisiones y las resoluciones públicas, como el Congreso, los diputados y senadores; son los que mayor percepción de corrupción se percibe y ojo, hay un problema realmente severo sobre la calidad de representación que se traduce en la legitimad de decisiones”, apuntó.

La especialista señaló que para analizar y medir este fenómeno también hay que considerar aspectos culturales, por ejemplo, mientras a nivel federal se considera como un conflicto de interés la contratación de familiares en puestos directivos de gobierno, en ciertos municipios esto se ve como normal y deseable, pues la gente considera que las autoridades están contratando a quienes más confianza le tienen.

A manera de conclusión, Ríos Cázarez señaló que las instituciones están paradas “con pies de lodo” en su labor para combatir la corrupción, y que éstas dependen fundamentalmente en la documentación del actuar público, uno de los aspectos abandonados persistentemente a nivel nacional y estatal.

A la conferencia asistieron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción: la presidenta Graciela Alejandra Torres Garma, Mónica Febles Álvarez Icaza, Javier Montes de Oca Zentella, Manuel Castillo Rendón y José Luis Villamil Urzáiz, así como el secretario ejecutivo del Sistema, Edwin Rejón Pacheco.