Luego que la Corte invalidó ese tipo penal aprobado en la Legislatura anterior, el presidente del Congreso, Víctor Hugo Lozano, señaló que están preparando otras propuestas “para que no quede un vacío legal”.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 11 de mayo de 2022.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el delito de “ciberacoso” en Yucatán porque su precepto era vago e impreciso, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, señaló que están analizando presentar otra iniciativa de ley sobre ese mismo tema “para que no quede un vacío legal”.

El panista dijo en entrevista que van a actuar apegados a derecho y a esperar la publicación de la resolución de la Corte para determinar qué acciones tomarán.

“Ahora que sigue, pues que no quede el vacío legal, lo que sigue es legislar de una manera adecuada y para eso estamos trabajando ya en algunas propuestas. Yo lo que espero es que lo podamos consensuar entre las diversas fuerzas políticas, ha sido la divisa de esta legislatura y seguirá siendo y es un tema que creo que no debe de tener colores, no debe de partidizarse”, agregó.

Lozano Poveda indicó que lo ideal sería que la nueva iniciativa para combatir el ciberacoso se dialogue y se impulse desde la Junta de Gobierno.

-¿Hoy se necesita un castigo para este delito?- se le preguntó.

-Por supuesto, decirte lo que es, indispensable- sostuvo el coordinador de la bancada del PAN.

Al preguntarle su opinión por todas las reformas de la legislatura anterior que han sido invalidadas por la Corte, dijo que cualquier acto legislativo que genere una norma es susceptible de una impugnación y de un medio jurídico en contra.

“Hay que ser muy prudente, no se van a echar las campanas al vuelo ni tampoco caer en una declaración fácil de decir que todo lo que se hizo antes estuvo mal o todo lo que estamos haciendo ahora es correcto”, abundó.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la creación del delito de ciberacoso, por lo que la SCJN determinó que se invalide, ya que su precepto vulneraba el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad —el cual exige que los tipos penales sean claros, precisos y de exacta aplicación—, en virtud de que la conducta que describía era vaga e imprecisa.

Previamente, agrupaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán, Kanan y Article 19, presentaron una demanda de amparo en contra del Congreso, pues advirtieron que ese nuevo delito podría ser utilizado para criminalizar la protesta y el activismo en redes sociales.

De hecho, cuestionaron que la iniciativa fue presentada en 2019 por la entonces diputada del PAN, Paulina Viana Gómez, en plena controversia por la discusión del dictamen sobre el matrimonio igualitario, en el que las redes sociales fueron una herramienta importante para exigirle a las y los legisladores que respeten los derechos humanos de las personas LGBT+ de Yucatán.

En su momento, las agrupaciones denunciaron que la redacción del delito era ambigua y podría impactar de forma negativa en el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, al permitir que personas funcionarias públicas pudieran ejercer acción penal en contra de periodistas, activistas o ciudadanos por críticas en redes sociales.