Durante un año, se realizaron modificaciones a la iniciativa de la panista Rosa Adriana Díaz, ante el temor de criminalizar a las mujeres que decidan abortar.

La diputada de Morena, Leticia Euán Mis, arremetió contra el dictamen, pero al parecer no se enteró de los artículos que le quitaron o cambiaron.

Por Herbeth Escalante y Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 11 de noviembre de 2020.- Luego de más de un año de discusión y modificaciones, el Congreso del Estado aprobó la creación de la Ley de Protección a la Maternidad e Infancia Temprana, según para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres en todas las etapas del embarazo, y resguardar su salud y la vida de sus hijos “desde el momento de la concepción” y hasta sus primeros años de niñez.

Esta iniciativa de la diputada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, estuvo envuelta en polémicas desde que la presentó, pues defensoras de derechos humanos advirtieron que podía utilizarse para vigilar que las mujeres no interrumpan su embarazo y, por lo tanto, criminalizaría a quienes lo hicieran.

Durante todo este tiempo, se analizó en la Comisión de Salud del Congreso y se retiraron algunos artículos que, a todas luces, violaban los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Hoy, en el Pleno, Díaz Lizama declaró que la ley  plantea una obligación gubernamental de protección a la maternidad, mediante la creación de una Red de Protección a Mujeres Embarazadas, en la que las instituciones públicas especializadas deberán garantizar el acceso al derecho a la salud, principalmente durante el embarazo.

Agregó que también ofrecerá la defensa legal y una protección efectiva en cuestiones como la discriminación laboral, asistencia médica en la red de salud pública, opciones preferenciales a programas sociales de vivienda y de transporte público. También oportunidades para las mujeres embarazadas que se encuentran estudiando, al igual que brindar asesoría para ejercer el derecho a dar en adopción a un bebé de manera responsable, siempre velando y garantizando el interés superior del menor.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud,  Manuel Díaz Suárez, recalcó que reafirma el derecho de todas las mujeres embarazadas a recibir trato digno y respetuoso, así como atención médica adecuada.

En plena discusión, la diputada de Morena, Leticia Euán Mis subió a la Tribuna para criticar el dictamen, asegurando que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

De hecho, leyó fragmentos de una nota periodística publicada por Haz Ruido el año pasado, en la que la abogada y activista feminista Amelia Ojeda Sosa advirtió que la propuesta de Díaz Lizama tenía un trasfondo sutil para vigilar que las mujeres no aborten.

En especifico, la morenista arremetió contra la Red de Protección a Mujeres Embarazadas y recalcó que votaría en contra de la ley. Sin embargo, cabe mencionar que en el dictamen se quitaron los artículos a los que hacía referencia nuestro medio de comunicación en la mencionada nota.

¿Cuáles eran los artículos preocupantes?

Cuando la diputada panista Rosa Adriana Díaz presentó esta iniciativa en septiembre de 2019,  enfatizó el “fracaso” de la despenalización del aborto y la importancia de proteger a la “familia”, por lo que en ésta incluyó disposiciones violatorias de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

El artículo 6 del Primer Capítulo, obligaba a los médicos y a las médicas del sector público y privado a contar con un archivo para “registrar a las mujeres embarazadas atendidas o detectadas”. De ahí el temor de que se creara una especie de censo para vigilar que no aborten.

La fracción 14 del artículo 17, en el Capítulo Cuarto, establecía que una mujer embarazada tenía “derecho” a no ser inducida o presionada a abortar en caso de presentarse alguna complicación en el desarrollo de su hijo (sic.). Y en la fracción 13, indicaba que podía ser visitada y acompañada en los servicios de salud “por el padre de su hijo”.

Pero, como el propio proyecto dictaminado indica, la iniciativa fue sometida a múltiples cambios durante su análisis en la Comisión de Salud en este año. Para empezar, el artículo 6 y la fracción 14 del artículo 17 fueron eliminados.

Además, la fracción 13 fue modificada y quedó así: “las mujeres embarazadas tienen derecho a ser visitadas y acompañadas por la persona de su elección”. 

Reclamos y acusaciones de mentiras

Por cierto, durante su intervención en la Tribuna, Leticia Euán Mis invitó a sus otros tres compañeros de Morena a votar en contra de la Ley de Maternidad. Pidió que no le volteen la espalda y hasta les reclamó que la han dejado sola en el Congreso cuando se pronuncia en contra de iniciativas que afectan a los interés del pueblo de Yucatán.

La legisladora también usó el micrófono para arremeter en contra del presidente estatal de su partido, Mario Mex Albornoz, pues recordó que él la criticó por votar en contra del matrimonio igualitario “sin aportar pruebas”.

Fue entonces que intervino la legisladora de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, quien dio a entender que la morenista es una mentirosa, porque en realidad votó en contra de dicha iniciativa que buscaba legalizar los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Explicó que como fue una votación secreta, quienes estuvieron a favor  exhibieron sus papeletas en público o las firmaron, “y yo no vi ningún voto de Morena en ese sentido”.

Y sobre la ley de Maternidad, Romero declaró que Euán Mis pretendió “macharla”, porque en realidad no se puso a discusión nada relativo al aborto.