En larga sesión en el Congreso, discutieron por los dos nuevos impuestos ecológicos, el reemplacamiento, la venta de bienes públicos y presupuesto a la salud mental.

Por Herberth Escalante 

Mérida, Yucatán, 8 de diciembre de 2021.- Con la mayoría de los diputados del PAN y otros partidos políticos, se aprobó el Paquete Fiscal 2022 del Gobierno del Estado, mientras que los legisladores de Morena exhibían carteles, pedían minutos de silencio por la “negativa al diálogo” y exigían votaciones nominales.

Durante la sesión legislativa, los morenistas colocaron una inmensa manta en la que señalaban que “defienden la economía popular” y que están en contra de los nuevos impuestos y derechos contemplados para el próximo año, pero fueron ignorados por el resto de legisladores.

Lo primero que se discutió fue la Ley de Hacienda, por lo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el panista Jesús Pérez Ballote, se subió a Tribuna para recalcar que sólo se autorizan los gravámenes a la Emisión de Gases a la Atmósfera, y a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, por lo que no son generalizados y sólo se les cobrarán a 150 empresas.

“El objetivo es que el que contamine, pague, e inhibir las actividades que generan un impacto negativo al medio ambiente”, señaló.

Para solicitar el voto en contra habló la priísta Fabiola Loeza Novelo, quien criticó que la iniciativa en la que se contemplan los llamados impuestos ecológicos son una copia literal de la ley emitida hace más de cinco años en Zacatecas, estado productor de plata, zinc, plomo y oro, es decir, con retos de mitigación de la contaminación muy diferentes a los de Yucatán.

Agregó que tampoco se establece un mecanismo transparente y participativo que garantice el destino de los recursos recaudados con los impuestos verdes, y que no se tomó en cuenta su propuesta de crear un fideicomiso al respecto.

“No destina los recursos a acciones de reducción de la contaminación. Como muestra de lo anterior, la iniciativa del presupuesto de Egresos considera únicamente 9 millones 729 mil pesos para acciones de reducción de la contaminación. Esto demuestra que las otras acciones que se realizarían con los supuestos 140 millones de pesos que se pretenden recaudar no tendrían efecto en programas relacionados”, agregó Loeza.

Por su parte, la morenista Jazmín Villanueva Moo se quejó de que no se consideró eliminar el cobro del reemplacamiento vehicular y lamentó que no se cambió ninguna coma a la propuesta “para quedar bien con el autor de la iniciativa”. Además, criticó la mayoría avasalladora del PAN “que no escucha y que sólo obedece”.

Quien también se pronunció en contra de la Ley de Hacienda fue el perredista Eduardo Sobrino Sierra, quien dijo que no se debió contemplar el reemplacamiento para el próximo año, ya que se pretende recabar 372 millones de pesos, es decir, una cifra que no es sustancial para el Gobierno, pero que sí contribuirá en dañar a la economía yucateca.

Sobre este mismo tema, la legisladora del PRI, Karla Franco Blanco, recordó que su bancada propuso posponer el reemplacamiento, pensando en apoyar la ya lastimada economía de los ciudadanos por los efectos de la pandemia, pero no fue tomado en cuenta. 

Por su parte, el panista Erik Rihani González defendió los impuestos ecológicos, asegurando que son imprescindibles para el actual dinamismo industrial de la región, pero con una visión de protección al ecosistema yucateco. Sostuvo que la intención es que quien contamine, asuma los costos y tome medidas para dejar de hacerlo. 
 
Recalcó que no son impuestos que vayan a cobrarse a todos, ni tampoco estarán sujetos a discrecionalidades hacendarias, por lo que criticó a quienes quieren confundir o desinformar a la sociedad con este tema. 

Durante la discusión, la coordinadora de la fracción de Morena, Alejandra Novelo Segura, solicitó tres minutos de silencio, supuestamente «por la violencia parlamentaria sufrida, negativa al diálogo y mayoriteo». Junto con sus compañeros, se subió a la Tribuna y exhibió su pancarta con la leyenda “No más impuestos para 2022” durante todo ese tiempo.

Posteriormente solicitó que las votaciones de este dictamen y del resto del Paquete Fiscal se realice de forma nominal, para que la gente se enteré cuál fue el sentido de los sufragios de cada legislador. Todas sus solicitudes fueron rechazadas por mayoría.

Más adelante, su compañera Rubí Be Chan se volvió a subir a Tribuna a exhibir sus cartulinas, argumentando que no fueron escuchadas sus demandas. Lo mismo hizo Jazmín Villanueva cuando se discutió la Ley de Ingresos, quien, por cierto, mostró un cartel al revés.

Como parte del análisis, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, cuestionó que el Gobierno del Estado pretende vender bienes de dominio público para obtener 258.9 millones de pesos, pero no informó cuáles serán los predios, terrenos o inmuebles. 

Con respecto al presupuesto de Egresos, lamentó que no se le está dando prioridad a la salud mental, pues no queda claro lo que se asignará al Instituto de Salud Mental y a las Villas de Transición Hospitalaria, la cual está en el abandono como un elefante blanco. Además, precisó que en el Paquete no se consideró recuperar la reducción de los recursos al combate de la violencia contra las mujeres que se aplicó en 2020.

En la sesión también habló la diputada del PAN, Carmen González Martín, quien declaró que es necesario que se reactive la economía desde adentro, trabajando e invirtiendo con mayores recursos estatales para no tener que redireccionar el gasto ante recortes inesperados, baja en las recaudaciones o desplomes no previstos de factores macroeconómicos o estridencias políticas.

Mientras tanto, su compañero de bancada, Luis Fernández Vidal, abordó brevemente el conflicto laboral del Poder Judicial, recalcando que se solidariza con los trabajadores, pero que ni el Congreso ni el Ejecutivo son los que definen la distribución y ejercicio de su presupuesto.  “Hay que ser claros, para evitar los malos entendidos”, enfatizó.

Y sobre las reformas relacionadas en materia de avalúos de bienes inmuebles, el coordinador de la fracción del PRI, Gaspar Quintal Parra, señaló que se encuentran fuera de toda lógica jurídica, sensibilidad y análisis del contexto de recuperación de la pandemia del Covid-19 y de la urgente necesidad de fomentar el desarrollo económico.

Por ejemplo, señaló que hay aspectos que limitan el libre ejercicio de la profesión de valuador, generando especulación, discriminación y estereotipos en este sector. Además, hay riesgo de manipulación y de control que atente contra la libertad de ejercicio de su profesión, ya que serán sometidos a una autoridad estatal, la cual tendrá facultades fiscalizadoras y de decisión respecto a su labor.