Fonatur le prometió comprar el terreno a la familia Chablé Kumul, pero no le cumplió. En medio de la incertidumbre de perder su patrimonio, el proyecto faraónico de López Obrador avanza.

Por Herbeth Escalante/Fotos de Lilia Balam

Maxcanú, Yucatán, 18 de octubre de 2021.- Los 10 hijos de la señora Librada Kumul Vitorín crecieron en el terreno que compró con los ahorros de toda su vida a las afueras de Maxcanú, el cual se encuentra a un costado de las antiguas rieles ferroviarias. Aún evoca los momentos en los que los niños jugaban durante horas entre árboles frutales y animales de traspatio.

La mujer de 77 años de edad ya no vive en ese terreno, se retiró de ahí cuando falleció su esposo, pero durante mucho tiempo lo siguió utilizando para criar cerdos, pavos y gallinas. Ese espacio fue el sustento económico de la familia.

A veces pide a sus hijos que la lleven a ese lugar que durante casi cuatro décadas fue su hogar, para pasar el rato debajo de la sombra de los árboles y recordar los tiempos de alegría, cuando todos estaban juntos. Ella no puede ir sola, debido a su avanzada edad con trabajo camina pocos pasos. Casi no va, a pesar de que el terreno está a 15 minutos de la casa en la que actualmente vive.

Doña Librada no comprende por qué está a punto de perder ese terreno que sería la herencia de sus hijos. El megaproyecto del Tren Maya llegó hace más de un año a Maxcanú, municipio localizado al poniente de Yucatán, y prácticamente invadió el predio. Las autoridades construyeron en sus tierras bajo la promesa de que se las pagaría, pero hasta el momento no han cumplido.

Ahí, su hijo Víctor Armando Chablé siembra mango, ciruela, aguacate, zaramullo, guaya, entre otras frutas. Él confesó que tenía planeado regresar a vivir, en la tranquilidad del monte, lejos del ruido de los mototaxis del pueblo. De hecho quitó el antiguo techo de guano de la humilde casa que sigue de pie y su intención es ponerle láminas para protegerse de las lluvias y el sol. 

El hombre, de oficio albañil, contó que a finales del 2020 fueron visitados por supuestos abogados de Barrientos y Asociados, despacho que contrató Fonatur para encargarse de la liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía. Ellos les dieron la mala noticia de que el Tren pasará por ahí y que necesitan su terreno para construirlo, por lo que prometieron comprarlo.

La familia Chablé Kumul no tenía planeado vender el terreno de 100 metros de largo y 44 de ancho, pero no le dejaron otra opción. Como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador: Llueve, truene o relampaguee, el Tren Maya va.

En representación de su madre, Víctor Armando inició las negociaciones con los abogados y el personal de Fonatur, quienes le ofrecieron un adelanto del 50 por ciento del costo del terreno, y acordaron que con ese dinero pagarían el juicio de intestado. La promesa fue que al terminar con el proceso, le entregarían el resto. La única condición fue que “no tranque” la obra, que permitiría que avancen los trabajos de construcción.

“Mi mamá y mi papá compraron el terreno hace más de 40 años y lo pagaron poco a poco; pero como mi padre ya falleció, tengo  que hacer el juicio  de intestado para tener todo en orden. Eso cuesta 15 mil pesos y nosotros no tenemos el dinero, por eso llegamos a un acuerdo con Barrientos para  que con la mitad de la venta lo paguemos”, explicó.

El hombre confío en la palabra de los abogados del despacho, pero al sitio nunca llegaron los topógrafos para medir las dimensiones y, hasta el momento, nadie le ha dicho cuál es el valor y cuánto le ofrecerán de pago.

En enero pasado, Fonatur solicitó a Víctor Armando que quitara la albarrada que delimitaba su terreno, así como cinco árboles, ya que la maquinaria pesada necesitaba avanzar para levantar el tramo del ferrocarril. Le dieron 8 mil 400 pesos por “mover el muro”. Él aceptó porque supuestamente ya tenían un trato de compra-venta de la tierra.

En cuestión de semanas, la constructora levantó el tramo de cinco metros de altura y para hacerlo, invadió aproximadamente 300 metros cuadrados del predio de la familia Chablé Kumul. Desde entonces, ni el despacho ni la dependencia federal cumplieron con la promesa de comprarles el terreno. De haber sabido que todo era mentira, no hubiera permitido que derrumben su albarrada.

“Lo último que me dijeron es que no me darían el primer pago, más bien que yo tengo que costear el juicio de intestado y que hasta que lo tenga listo me pagarían todo en una sola exhibición. Pero yo no tengo el dinero para ese trámite, vivo al día; nosotros no estábamos vendiendo el terreno, ellos vinieron a afectarnos y por eso deben de correr con los gastos”, se quejó el hombre de 53 años.

Víctor Armando no titubea en decir que los operadores del Tren Maya le tomaron el pelo y que se burlaron de su familia. Está molesto, pero no resignado.  

La construcción de la obra faraónica del presidente avanza en Maxcanú y es un hecho que pasará dentro de su terreno, a unos metros de la humilde casa en donde creció, esa casa que ya no tiene el techo de guano y en donde quiere regresar a descansar.

Doña Librada y su hijo cuentan con los planos, el documento de la compra-venta de la propiedad, el Certificado de Libertad de Gravamen y la Cédula Catastral actualizada, por lo que exigen que Fonatur respete sus derechos como propietarios. 

“Yo no me estoy peleando con el Gobierno, pero no es justo que se queden con un terreno que mis padres lucharon y consiguieron con mucho esfuerzo”, enfatizó Víctor Armando.

Se van por las buenas o por las malas.

La abogada y académica Kalycho Escoffié, experta en derecho a la vivienda, sostuvo que en las acciones de desalojo en el proyecto del TrenMaya no existen consensos entre el gobierno y los pobladores, pues prácticamente los dejan sin opción: o se van por las buenas, o se van por las malas.

“El discurso de Fonatur es que todo es consensuado con la comunidad, pero el problema es que al ser autoridades se encuentran en una situación jerárquica intrínseca. Llegan y le dicen a la gente que ya se tomó la decisión de que el tren va a pasar por sus casas y se tienen que ir, que no les queda de otra”, enfatizó. 

Tan es así, que la dependencia es la que decide en cuáles zonas se tienen que mudar, cuál es tipo de diseño de sus nuevas viviendas, cuánto les van a pagar y cuál será la medida de los terrenos. Es decir, abundó, no hay un marco de consenso.

Ante este panorama, lo único que las personas pueden decidir es si se irán por las buenas o por las malas. En la mayoría de los casos aceptan desalojar sus hogares por la presión que ejerce el gobierno en su contra.

“Si a una persona de escasos recursos, sobre todo si es población indígena, le notifican que van a destruir su casa porque el proyecto más importante del sexenio va a pasar por ahí ¿qué expectativa de resistencia puede tener? Consciente o inconscientemente, las autoridades se están aprovechando de esta situación porque en la realidad no hay consensos, no es como lo están tratando de vender”, criticó la abogada yucateca.

Kalycho Escoffié recordó que desde que inició el proyecto del Tren Maya, Fonatur advirtió que miles de familias de la Península de Yucatán serían desalojadas argumentando que sus viviendas se instalaron sobre los derechos de vía actuales o en el trazo que se va a construir. En ese sentido, dijo que usar esa supuesta ilegalidad es cuestionable, pues  la gran mayoría de las personas cuentan con documentos que acreditan ser dueñas de sus terrenos, tienen acceso a servicios públicos, así como el reconocimiento y aval de instituciones de los tres niveles de gobierno. 

La catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterreyrecordó que nadie puede ser desalojado de su casa sin un mandato competente y una resolución judicial que contemple alguna de las causales previstas en la legislación, la cual, por cierto, no prevé a los megaproyectos turísticos como uno de esos motivos.

El colmo es que el personal de Fonatur o sus asesores jurídicos están notificando a muchos de los pobladores que serán desalojados por vía oral, es decir, sin entregar algún documento jurídico que respalde esa decisión. Pretenden sacarlos de sus casas sin darles mayores explicaciones.

“La situación de cada barrio y comunidad es distinta, pero en todos los casos la gente tiene derecho a una indemnización. Lo que hemos visto es que las autoridades del Tren Maya están actuando con poca transparencia, e incluso hay zonas en donde hasta hace poco  no había claridad de por dónde va a pasar y si se afectará a determinadas personas”, concluyó. 

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