Su abogado solicitó al juzgado la Suspensión Condicional del Proceso Penal, la cual es una vía alterna para no llegar al juicio oral y no ser castigados con cárcel. Para aceptarlo, deben presentar un plan detallado de pago de la reparación del daño.

Por Herbeth Escalante

Progreso, Yucatán,  15 de julio de 2021.-Cinco de los 11 exregidores de Progreso imputados por el delito de cohecho solicitaron una vía alterna para no tener que llegar a un juicio oral ni ser castigados con cárcel, por lo que prometieron pagar la reparación del daño, el cual incluirá devolver los 110 mil pesos que cada uno recibió en este caso de corrupción.

Su defensa solicitó al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial una audiencia con el fin de plantear una Suspensión Condicional del Proceso Penal, es decir, una alternativa para no tener que ser enjuiciados.

Al solicitar la Suspensión Condicional con la que se comprometen a pagar la reparación del daño, dichas personas prácticamente están admitiendo que cometieron el delito de cohecho. En caso de que proceda esta vía y cumplan con lo que establezca la jueza, no pisarían la cárcel. 

Para resolver dicha solicitud, el Juzgado programó una audiencia el próximo 23 de julio en el mismo Centro de Justicia Oral de  Progreso.

De acuerdo con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la Suspensión Condicional del Proceso es un planteamiento que formulan el Ministerio Público o el imputado, el cual debe incluir un plan detallado de pago de la reparación del daño.

Además, el sometimiento de las personas imputadas a una o varias de las condiciones previstas en la ley, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.

Cabe mencionar que la Suspensión Condicional establece que procederá siempre y cuando el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años.

En ese sentido, como hemos informado en Haz Ruido,de acuerdo con el Código Penal de Yucatán, en el artículo 262 Ter,  el delito de cohecho se castiga de tres meses a 14 años de prisión, dependiendo de la cantidad o el valor de la dádiva que el funcionario haya recibido ilícitamente.Como el monto que tomaron dichas personas no excede las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), sí se aceptaría su solicitud.

Como se sabe, apenas hace tres días, los 11 acusados, incluido el exalcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, pues existen indicios de que recibieron 110 mil pesos cada uno a cambio de suscribir un contrato con una empresa para la prestación del servicio de alumbrado público del puerto.

Se trata de la primera vez que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consigue que todo un Cabildo sea sujeto a un proceso penal en Yucatán.

Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía en contra de esas personas, hay un video en el que aparecen contando el dinero que recibieron, el cual se grabó en el salón de Cabildo del Ayuntamiento de Progreso.