Luchó por recuperar a sus hijos y alejarse de las agresiones de su esposo. Como muchas mujeres en Yucatán, no contó con el apoyo de las instituciones de gobierno.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 6 de enero del 2021.- Durante casi un año, Carmen Matus vivió prisionera en su propia casa, en donde fue víctima de violencia física y sexual por parte de su aún esposo José Manuel Z.B.. Dicho sujeto, después de agredirla y llevarse a su hija Mía e hijo Elías consigo, la denunció en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) con la excusa de que los pequeños no querían estar con su madre.

La violencia inició en el 2019, después de que él perdiera su trabajo como chófer de una empresa privada de valores y, tras no encontrar uno nuevo, se desquitó con su esposa. Para ese entonces, Carmen empezó a vender ropa de medio uso en redes sociales y a trabajar en las tardes en una verdulería, situación que enojó aun más José, quien empezó a reclamarle y gritarle.

El 15 de septiembre, después de una agresión, fue la primera vez que Carmen intentó denunciarlo, pero el miedo la frenó.

“Me prohibió salir de casa y visitar a mi familia, únicamente me dejaba salir a prestar dinero con ellos, quienes además me ayudaban con mercancía y comida. También viví violencia sexual y un día que rechacé tener intimidad con él me golpeó y aventó un frasco de crema. Ese día salí de casa con mis dos hijos para refugiarme con mi madre”, narró Carmen.

José la buscó todos los días con la promesa de cambiar, le dijo que encontraría  trabajo y que se saldría de casa para que ella regrese con sus hijos. También le prometió que le pasaría 300 pesos semanales para los gastos familiares, pero esa parte del trato lo cumplió apenas cinco semanas.

Carmen accedió y regresó a la casa, pero él acudía todas las noches y le pedía dejarlo quedarse. Ella aceptó, pero José no cambió su conducta, es más, intensificó los maltratos. En una ocasión, le rompió el celular, la dejó incomunicada y de nuevo le prohibió salir.

El 14 de noviembre, la familia de la joven, al no tener noticias de Carmen, la fue a ver a su casa. Ese día se enteró de que su esposo les había dicho a todos que ella no quería tener contacto con su mamá y hermanas. Pese a esto, la invitaron a una reunión familiar. “Le reclamé por mentirle a mi familia, me insultó y dijo que por eso no quería que los vea. Se arrepintió y me dio un celular en mal estado, pero bueno ya podía tener comunicación”, recordó.

José “le dio permiso” de ir a la reunión y al regreso empezaron los reclamos y por segunda ocasión le quitó su teléfono. Y en medio de la discusión que pasó de gritos a violencia física, su esposo se llevó a los menores con una vecina.

“Cuando yo quería salir de la casa para ir por mis hijos, me jaló , empezamos a forcejear  e intentó abusar sexualmente de mí, me dejó tirada en el piso y aprovechó para agarrar a los niños que estaban con la vecina y llevarlos en su moto a casa de su hermana”, lamentó.

La joven le pidió ayuda a su hermana, quien llamó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero cuando los policías llegaron, José ya no estaba en la casa. Los oficiales le aconsejaron intentar recuperar a sus hijos por su cuenta, por lo que fue a casa de su cuñada, pero no tuvo éxito.

Al día siguiente, acudió al Centro de Justicia para la Mujer a levantar su denuncia y ahí le comentaron que la apoyarían para solicitar la custodia provisional. Para su sorpresa, el 18 de noviembre, cuando acudieron ante el juez tercero Luis Méndez, éste ni siquiera aceptó leer el caso, pues aseguró que no era de su competencia.

También fue a la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (Ceeav) y esta fue la respuesta:

“Me dijeron que, si la Fiscalía no hacía nada, no me podían apoyar. Fui a la Prodemefa, pero no me solucionaron nada. Y de ahí fui a la Ceeav  donde me dieron cita para el 20 de noviembre, pero me dijeron que necesito un peritaje que cuesta 3 mil pesos y no cuento con ese dinero, así que retiré mis documentos”, señaló Carmen.

Finalmente, el 24 de noviembre, recuperó a Mía y Elías por su cuenta. Y el 29 de diciembre, se presentó a la Prodemefa a cumplir con el citatorio por la denuncia que interpuso para separarla de los menores.

Como a muchas mujeres, a Carmen de poco le sirvieron las instituciones y autoridades correspondientes para recuperar a sus pequeños, tampoco contó con una defensa legal que la asesore en el proceso y ella no tiene los recursos para pagar un abogado. Hoy continúa a la expectativa de cómo terminará su situación y la de Mía y Elías. (Foto de archivo)