La Codhey solicitó informes sobre un operativo policiaco; mientras, la Fiscalía no pudo presentar elementos contundentes para acreditar la flagrancia del delito.

Por Herbeth Escalante 

Mérida, Yucatán, 4 de febrero de 2019.- Una llamada de auxilio movilizó a la Policía Estatal la semana pasada. La corporación cateó al menos cinco predios del Centro Histórico en donde vivían personas de origen chiapaneco, quienes se dedican al comercio ambulante de artesanías en las calles del primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades habrían realizado el operativo ante la denuncia de que dicha gente, principalmente mujeres y menores de edad, son víctimas de trata con fines de explotación laboral.

La acción policiaca, que contó con el apoyo de agentes municipales, se llevó a cabo con mucho hermetismo durante la madrugada del 30 de enero. Se aseguraron al menos cinco viviendas: dos en la calle 73 por 60 y 62, una en la 60 por 73 y 75 y dos más en la 68 por 65 y 67 del Centro.

“Se llevaron toda la mercancía que venden los chiapanecos: ropa, pulseras, toda las artesanías”, relató una mujer que trabaja por la zona, quien no pudo precisar si hubo detenciones.

Por su parte, otro testigo de nombre Felipe S.S., que tiene un comercio en una de esas vías, señaló que los policías estatales entraron a las casas con pistola en mano, amenazando a estas personas de origen indígena.

“A mi sobrino lo apuntaron con una pistola y se lo llevaron a la cárcel, pero él no es ambulante, tiene un negocio de cinturones, no tiene nada que ver con los otros chiapanecos. Tuvimos que pagarle a un abogado para que lo liberen”, agregó.

Dijo que vieron cómo los uniformados se llevaron a niñas y niños de otra familia de un predio cercano, y que hubo reportes de que durante el operativo “desapareció” dinero que algunos ambulantes habían ahorrado.

En ese momento no quedaron claros los objetivos del fuerte operativo de seguridad, e incluso se interpretó como una acción en contra del comercio informal en Mérida.

Las corporaciones que participaron no dieron a conocer si hubo detenciones, tampoco se aclaró si contaban con alguna orden de aprehensión por  trata de personas. Pero desde tiempo atrás, se sospecha que las y los chiapanecos que ofrecen artesanías, dulces y cigarros en el Centro son víctimas de ese delito.

Investigan si se violaron derechos humanos

La Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) se enteró del operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía de Mérida al día siguiente, a través de los medios de comunicación, pero hasta el momento no tienen informes de cuál fue la razón y los resultados de éste.

El oficial de Quejas y Orientación de ese instituto, Eduardo Osorno Kuyoc, señaló que debido a que en el caso estuvieron involucradas personas indígenas de Chiapas, que pertenecen a un grupo vulnerable, es necesario saber si durante dicha acción se violaron sus derechos humanos.

Por tal razón, la Codhey está investigando por oficio y solicitaron a la corporación y al ayuntamiento de Mérida datos sobre lo que sucedió ese día en los mencionados predios.

“Queremos saber qué delito investigaban, si hubo personas detenidas o no, qué pasó con ellos, si se violentaron sus derechos, si se llevaron a menores de edad y dónde están”, explicó el funcionario, quien añadió que debido a la relevancia del hecho, esas instituciones tienen 10 días para responder.

Osorno Kuyoc sostuvo que dichas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque prácticamente están escapando de la pobreza que vivían en su entidad de origen, pero que también enfrentan diversos obstáculos en Mérida.

De hecho, recordó que la Codhey interpuso en 2013 una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable por el presunto delito de trata de personas en agravio de indígenas de origen chiapaneco, especialmente mujeres y menores que laboran en el comercio ambulante.

Este organismo autónomo documentó evidencias de marginación, traslado involuntario, hacinamiento, vulneración al derecho humano a la salud, educación, cultura y preservación de las comunidades indígenas de mujeres, niñas y niños de Chiapas.

“Lo denunciamos ante la sospecha de que son víctimas de trata, pero la PGR sostuvo que no había elementos suficientes para acreditar el delito y el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento no sabemos cómo va el caso”, dijo el funcionario.

Irregularidades en la detención 

Días después, se supo que del operativo de la SSP fue detenido un hombre conocido como Patishtán y una mujer, quienes fueron presentados ante juezas por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y realizar trabajos forzados. Sin embargo, las autoridades no pudieron acreditar la flagrancia de éste por lo que no fueron imputados.

Los fiscales argumentaron que la Policía recibió una llamada al número de emergencia 911, en la que se pedía apoyo porque “tenían encerrados a unos chiapanecos y los obligaban a vender artesanías en calles del Centro”.

En la audiencia todo se vino abajo, ya que la Fiscalía no presentó elementos que corroboren la flagrancia del delito de  trata de personas y explotación laboral, por el contrario, se evidenció que se cometieron irregularidades durante el operativo y la detención de la pareja. Por tal razón, fueron liberados.

En el caso del hombre, la jueza Elsy Villanueva Segura refirió que hubo inconsistencias entre lo dicho por una de las supuestas víctimas y las circunstancias de la detención que señalaron los policías. Para empezar, a la que presentaron en la audiencia como agraviada negó que haya realizado la llamada de auxilio y rechazó que hubiera sido explotada o encerrada.

Además, llamó la atención que los uniformados indicaron que, al momento de la aprehensión, el sujeto abrió la puerta de la vivienda cargando medio kilogramo de marihuana, lo que pudiera considerarse como un argumento poco creíble.

Con respecto al caso de la otra detenida, una mujer chiapaneca de 19 años de edad, los fiscales únicamente presentaron ante la jueza Blanca Bonilla González un informe policiaco, lo cual no fue calificado como un elemento para demostrar la flagrancia de un delito. Tampoco exhibieron entrevistas de las supuestas víctimas encontradas en el lugar de los hechos.

Otra anomalía es que, al momento de que los ministeriales quisieron tomar sus declaraciones, no se contaba con intérpretes para traducir lo que le pretendían preguntar, a pesar de que ella argumentó que no hablaba español, lo que significó una violación a sus derechos humanos.