Con esta iniciativa, se castigará las conductas que alteren o induzcan a la pérdida de información digital o intervengan  las comunicaciones privadas; así como el robo de datos almacenados en equipos de cómputo. 

Por Redacción.

Mérida, Yucatán, 6 de noviembre de 2019.-En la sesión legislativa de este miércoles, se aprobó por unanimidad las modificaciones al Código Penal de Yucatán para crear la figura  de Delitos Informáticos, con sanciones de seis meses hasta dos años de prisión a quien, por beneficio propio o ajeno, modifique, destruya o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de esta índole protegidos por algún mecanismo de seguridad, entre otras.

El impulsor de esta iniciativa,  Luis Borjas Romero, señaló que el nuevo producto legislativo tiene el propósito de castigar las conductas que alteren o induzcan a la pérdida de información o intervenir las comunicaciones privadas; así como el robo de la información almacenada en equipos o sistemas informáticos protegidos.

 “Se considera como delito informático la conducta humana ilícita que jurídicamente es reprobable; ya que busca dolosamente por una parte transgredir bienes jurídicos relacionados con la informática, en sus aspectos lógicos y físicos, y por otra atentar y limitar los derechos y libertades individuales fundamentales”, agregó.

El priísta aseguró que se ha obtenido una herramienta jurídica innovadora y vanguardista para proteger el patrimonio de las y los yucatecos. “Como legisladores nos corresponde impulsar y promover una nueva cultura de la legalidad e informática jurídica”, señaló.

Sobre este tema, la panista Paulina Viana Gómez indicó que en la actualidad, los medios tecnológicos son ya una de las principales vías de la delincuencia para obtener ingresos de forma ilícita e información personal de los usuarios, afectando de esta forma el patrimonio que con mucho esfuerzo han construido los ciudadanos; al igual que se puede llegar a dañar la integridad física y emocional de las personas, pudiendo ser víctimas de delitos como trata de personas, abuso sexual, extorsión, acoso, fraude, robo, secuestro, entre otros.

 «Estamos en la era digital, las maneras de delinquir han cambiado y seguirán haciéndolo, por lo que el marco jurídico de nuestro estado debe encontrarse siempre a la vanguardia, ser innovador, eficiente y con sanciones más severas, que afronten con toda seriedad las nuevas modalidades que se emplean hoy en día para cometer un delito”, expresó.

Por cierto, durante la sesión, tanto Luis Borjas como el perredista Alejandro Cuevas Mena plantearon un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal para que se respete la autonomía de los ejidos de Yucatán y,  se dote de certeza jurídica a los actos emanados de sus autoridades comunitarias.

Esta solicitud surgió a raíz de los problemas que viven los ejidatarios del estado, entre los que destacan los de Chocholá, Ixil, Tecoh, Izamal, Tetiz, Cheuman, Sitpach, Cholul y Seyé entre otros, quienes manifestaron ante el Congreso su inconformidad y preocupación hace unos días.

Los campesinos afirman que personas externas a sus ejidos e incluso autoridades federales, presionan a los comisarios ejidales para que renuncien, existe confabulación en la venta de tierras y agitación de disidencias.