El organismo señaló que el Gobierno de Yucatán no debe usar medidas en respuesta a la pandemia como pretexto para debilitar o retirar la protección de las defensoras de las mujeres víctimas de violencia. 

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 21 de abril del 2020.- Amnistía Internacional exhortó al Gobierno de Yucatán a no utilizar la crisis de salud del Covid-19 como excusa para retirar las medidas de protección y las custodias de las defensoras de derechos humanos, quienes realizar acciones a favor de las víctimas de violencia feminicida.

Como hemos informado en Haz Ruido, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) decidió quitar las escoltas que cuidaban a mujeres y activistas en riesgo, argumentando que sus elementos podían contagiarse de coronavirus. 

Al respecto, Amnistía Internacional envió un comunicado dirigido al gobernador Mauricio Vila Dosal en el que citaron el caso de la activista Adelaida Salas Salazar, quien es representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de la asociación Ni Una Más, solicitando que se le regrese la protección.

“El estado de Yucatán no debe usar medidas en respuesta a la pandemia como pretexto para debilitar o retirar la protección para los defensores de los derechos humanos. Instamos al Gobierno de Yucatán a que restablezca de inmediato las medidas de protección de Adelaida de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en el posicionamiento. 

Como se recordará, ella tiene medidas de protección a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde marzo de 2017, debido a que ha recibido amenazas de muerte por su labor de acompañamiento a víctimas de violencia de género.

Otra de las afectada por el retiro de escoltas es Greta Martínez Corona, quien cada mes y medio renueva el trámite para solicitar protección. En diciembre de 2018, la ruta de violencia de género que vivió se hizo pública debido a unos videos que circularon en redes sociales en los que era golpeada por su expareja.

Se averiguó que también se retiró la protección al padre, hermana y hermanos de Emma Molina Canto, quien en 2017 fue víctima de feminicidio por dos sicarios en la puerta de su casa.

En 2014, antes de ser asesinada, había solicitado medidas de protección a la Fiscalía General del Estado y en 2016 fue inscrita en el Registro Nacional de Víctimas, pero la ayuda nunca llegó. Ahora la familia teme por sus vidas.

Sobre el comunicado de Amnistía Internacional, el Gobierno del Estado indicó que, aunque no reestablecieron las escoltas, la activista Adelaida Salas y la familia Molina Canto tienen asignado un guardia.

Al respecto, las afectadas y afectados señalaron que se trata de un policía en moto que los vigila a distancia, no como lo hacían antes las escoltas de la SSP.