Los colectivos mayas señalaron que la granja y Kekén intentan evitar que los 300 habitantes participen en la consulta. Trataron de reventar la asamblea informativa con el comisario ejidal y empleados de la fábrica.

Por Redacción

Maxcanú, Yucatán, 21 de julio de 2021.- Colectivos maya denunciaron que el comisario municipal de San Fernando, Bernardo Canul Cocom, acompañado de empleados de una granja,  amenazó a los pobladores que participaron en la asamblea informativa que se llevó a cabo sobre las afectaciones que esa fábrica de cerdos provoca al medio ambiente. 

“Escuchen ustedes, van a recibir un escarmiento para que aprendan”, sostuvo dicha persona a pocos días de que se realice la autoconsulta indígena organizada por los pobladores de esa comunidad perteneciente a Maxcanú.

Por tal razón,  colectivos mayas  hicieron un llamado a estar alertas ante posibles actos de violencia que emprenda el comisario municipal el próximo domingo, día que se tiene programada la consulta, tanto ahí como en Kinchil y Celestún. 

Las agrupaciones señalaron que Canul Cocom es empleado de la granja y operador político del alcalde electo de Maxcanú. Aseguran que la empresa Agroindustrias MOBA, socia de Kekén, lo usa para evitar que el pueblo de 300 habitantes, con una granja de 49 mil cerdos anuales, participe en la consulta.

El Colectivo Yutzil Kaj, el Concejo Maya del Poniente Chik’in Ja’ – Celestun, el Concejo Maya del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil y Equipo Indignación recordaron que la consulta busca preguntarle a los pobladores si están a favor de que las megagranjas sigan operando en sus localidades, por eso mismo realizaron las asambleas informativas. En éstas invitaron a la compañía Kekén, dueña de las controvertidas fábricas de cerdos en esa zona, pero no ha asistido.

“La empresa porcícola Kekén, a la cual no le ha importado instalar y promover sus granjas sin el permiso de las comunidades, vulnerando así nuestros derechos como pueblo maya, publicó un comunicado descalificando la consulta y diciendo que no puede participar en ésta porque no cumple con los parámetros de una consulta indígena, sin especificar cuáles. Para nosotros esta descalificación es una muestra de racismo porque la consulta está organizada por el propio pueblo, lo que le otorga a este proceso la mayor legitimidad al hacerse en ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía”, señalaron.

Ante tal demostración de racismo, indicaron, el pueblo salió a la asamblea informativa el 16 de julio con los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU como observadores y la prensa local. La misma empresa les dio el día laboral a quienes ahí trabajan y llegaron para “reventar” la asamblea que conducían los integrantes del colectivo Yutzil Kaj.

Los lugares reservados en la asamblea para quienes debían informar quedaron vacíos. Con gritos, los empleados de la granja defendieron la “generosidad de la empresa por haber recibido un kilo de carne” recientemente.En la reunión, el comisario no quiso responder a las preguntas planteadas por los integrantes del comité y, al finalizar, lanzó la amenaza. 

“Por esto y por los fallidos intentos de compra y coacción de la participación, exigimos de quienes son responsables de estas amenazas y obstrucción del derecho, que dejen de violar los derechos del pueblo maya que, aunque pareciera que a ninguna autoridad local y federal le interesa respetar, hemos hecho de su racismo la prueba mas contundente de su delito. La vigilancia para que los derechos del pueblo se cumplan a cabalidad estará garantizada por quienes han acompañado todo el proceso, aunque los empresarios no sepan nada de derechos de los pueblos”, enfatizaron los colectivos.