Con pruebas tramposas y en mancuerna con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la empresa PAPO busca revocar la suspensión de la fábrica de cochinos.

Hoy un Tribunal decidirá si el Juez Segundo de Distrito emitió resoluciones ilegales que permiten el incumplimiento y violación a la medida cautelar, y si debió darse entrada a las pruebas aportadas por la empresa.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 3 de marzo del 2022.- Con pruebas tramposas, la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) de nueva cuenta pretende levantar la suspensión que paralizó las operaciones de la megagranja en Homún, que como se sabe, amenaza al medio ambiente. Este jueves, el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativo y del Trabajo resolverá quejas en torno a si un juez federal emitió resoluciones ilegales y si debió dar entrada a las pruebas aportadas por la controvertida compañía.

Como hemos informado en Haz Ruido, PAPO presentó un recurso ante el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, con la intención de revocar la suspensión de la fábrica de cochinos -la cual está vigente desde hace cuatro años-, es decir, intenta que dicho sitio vuelva a abrir. A pesar del riesgo ambiental que esto representa, dicho juzgador le dio trámite a la solicitud de la empresa.

En ese sentido, las agrupaciones Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) e Indignación denunciaron -desde el año pasado- el incumplimiento de la suspensión por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), al permitir que PAPO realice trabajos de mantenimiento en la granja. En su momento, el Juez Leal Mota resolvió que no se había violado la suspensión.

Por otro lado, en agosto de 2021 denunciaron que PAPO había presentado dos documentos tramposos en los que solicitaba retirar la suspensión. Dichos escritos no deberían de ser admitidos por el Juez Segundo de Distrito, debido a que no se trata de algún “hecho superveniente”, es decir, novedoso, como lo marca la ley de amparo.

Pero además, la SDS habría violado una vez más la suspensión al emitir un dictamen en el que manifiesta que la planta de tratamiento de la granja fue analizada y cumple con los límites máximos permisibles de descargas contaminantes.

“Dicha opinión fue emitida sin considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autorización del funcionamiento de la granja, así como los permisos de la granja se encuentran suspendidos, por lo que la opinión de la SDS básicamente confirma que dicha institución permitió la instalación de la planta de tratamiento aún con la suspensión de operaciones”, recalcaron.

Debido a esto, Kanan Ts’ono’ot, las y los representantes de la infancia de Homún, con el acompañamiento del equipo Indignación, presentaron tres quejas en contra de las diversas resoluciones y del trámite que el Juez Segundo de Distrito ha realizado para abrirle la puerta a la empresa para continuar operando su megagranja porcícola a costa del medio ambiente, salud y niñez de este pueblo maya.

Dichas quejas cuestionan que el juzgador haya sido omiso para obligar a la SDS a cumplir la suspensión de la granja, pues a pesar de la medida cautelar, esa autoridad ha emitido opiniones positivas para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta opinión fue aportada como prueba en el juicio por la empresa PAPO, con la finalidad de que el Juez revoque la suspensión y les permita operar.

Además, PAPO presentó un documento supuestamente emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), prueba que resultó ser falsa.

El propio director general de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito.

El día de hoy, el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativo y del Trabajo, bajo la ponencia de la magistrada Julia Ramírez, decidirá si el juez emitió resoluciones ilegales que permiten el incumplimiento y violación a la medida cautelar, y si debió darse entrada a las pruebas aportadas por PAPO para intentar revocarla.

Por tal razón, Kanan Ts’ono’ot e Indignación pidieron estar alerta de la resolución que emitirá el Tribunal Colegiado respecto de las violaciones a la suspensión y, de nuevo,  denunciaron el actuar del Juez Segundo quien ha sido parcial hacia la granja de PAPO.

También denunciaron que ambos documentos presentados por PAPO constituyen una trampa jurídica, que pone en evidencia la mancuerna política existente entre la SDS del Gobierno de Yucatán y los 
intereses empresariales, buscando pasar por encima del medio ambiente, la libre determinación y el interés superior de la infancia de Homún.