Dos años después y luego de la presión de activistas que presentaron una demanda de amparo, ya se podrán denunciar estas violencias que afectan a la población LGBT+ de Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 11 de septiembre de 2023.- Después de dos años de que el Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Penal para prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género), este lunes entró en vigor.

Así lo dio a conocer el Colectivo para la Protección para Todas las Familias de Yucatán, que precisó que el gobernador Mauricio Vila Dosal firmó decreto 667/2023, el cual fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de Yucatán el pasado 8 de septiembre.

Al promulgarse, finalmente ya pueden ser denunciadas dichas violencias contra las personas LGBTIQ+ y quienes las infrinjan en Yucatán.

Cabe recordar que apenas pasado 29 de agosto, integrantes de las asociaciones Kanan Derechos Humanos y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán presentaron una demanda de amparo en contra del gobernador para exigirle que promulgue y publique la reforma que el Congreso local aprobó desde el 25 de Agosto de 2021.

“Si bien dicha promulgación era el deber constitucional del gobernador, para que estas prácticas —que pueden compararse a la tortura psicológica en contra de personas LGBTQ+— sean verdaderamente erradicadas, el Gobierno de Yucatán tiene mucho por delante desde el ámbito de la prevención y atención de víctimas, lo cual puede y debe cubrirse en los programas sociales y políticas publicas dirigidas a la comunidad LGBTQ+”, precisaron.

En ese sentido, explicaron que el Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia del juicio de amparo 226/2023-VIII, ganada el pasado 13 de junio (y que interpuesta por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán de la mano con AMICUS), la contempla que tanto el Ejecutivo como el Legislativo estatal integren en la Ley de Egresos de 2023 presupuesto para acciones a favor de esta población.

El proyecto debe incluirse en lo que se dictamine y apruebe este año para el ejercicio de 2024 en este próximo periodo Ordinario del Congreso de Yucatán.