El próximo miércoles, la Primera Sala decidirá si el Congreso de Yucatán incurrió en una ilegalidad al votar en contra del matrimonio igualitario a través de cédulas.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 16 de agosto de 2021.- El próximo miércoles  18 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si el Congreso de Yucatán incurrió en una ilegalidad al votar en 2019 en contra del matrimonio igualitario de forma secreta, audiencia que se llevará a cabo luego de que se pospuso el 7 de julio.

Las agrupaciones defensoras de derechos humanos que promovieron el juicio de amparo, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, Unasse e Indignación, hicieron un llamado a que el dictamen sea a favor.

En la demanda señalaron que debido a que la votación se realizó a través de cédulas, se limitó las libertades de expresión y derechos políticos de la ciudadanía yucateca al privarse la información certera del sentido de la votación de las y los legisladores.

De ser favorable la decisión de las y los ministros, se abriría la puerta a anular y buscar la reparación del proceso legislativo, obligando al Congreso de Yucatán a votar de forma abierta y transparente, tal y como lo prevén las normas internas que rigen al Poder Legislativo Estatal.

Como se recordará, las organizaciones presentaron en julio de 2019 dos amparos en contra del Congreso de Yucatán por haber efectuado una votación secreta–impuesta por el entonces presidente de la Mesa Directiva, el diputado Enrique Castillo Ruz– en contra de la iniciativa de ley que hubiera reconocido el derecho el matrimonio igualitario en la entidad.

Lo hicieron porque la normas que rigen a los Congresos en sociedades democráticas únicamente permiten este tipo de votaciones en los nombramientos de funcionarios públicos de organismos autónomos, nunca para iniciativas de ley, y mucho menos en temas que involucran al reconocimiento de derechos humanos.

“Las acciones de la actual LXII Legislatura, de quedar impunes, darían un cheque en blanco a que el Poder Legislativo a nivel estatal en Yucatán y en otros estados, e incluso a nivel federal, legislen sin transparencia. La rendición de cuentas de quienes representan a la ciudadanía no puede ser opcional, porque se presta a abusos, corrupción y demás actos antidemocráticos como en la vulneración de derechos humanos, tal y como fue en el caso cuando el Congreso de Yucatán rechazó reconocer el matrimonio igualitario, contradiciendo jurisprudencias de la Suprema Corte y demás tratados internacionales en esta materia”, sostuvieron.

Por tal razón, las y los activistas exhortaron a los integrantes de la Primera Sala a que aprueben los proyectos de sentencia elaborados por los ministros Juan L. González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que catalogan que la imposición de una votación por cédulas secretas es violatoria de los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, y participación activa en los asuntos públicos del Estado.