Las personas trans siguen en la incertidumbre y al Gobierno del Estado no le interesa reconocer los crímenes de los que son víctima la población LGBT+ en Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 2 de marzo de 2022.- Luego de que el Congreso del Estado aprobó las leyes secundarias sobre matrimonio igualitario, el activista LGBT+, Alex Orué, declaró que todavía falta legislar sobre muchos temas que impactan a la comunidad de la diversidad sexual de Yucatán, por ejemplo, lo relacionado con la identidad de género y que se reconozcan los crímenes de odio.

Recodó que el Congreso del Estado aún no ha abordado alguna ley de identidad de género, lo que pone en desventaja a las mujeres y hombres trans. “Si apenas están viendo y aprobando el tema del matrimonio igualitario, imagínense los otros asuntos que faltan”, señaló en entrevista.

Cabe recordar que, en mayo de 2018,  la entonces legisladora de Nueva Alianza, Cindy Santos Ramayo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Registro Civil, con el fin de que las personas puedan modificar el nombre y el género en sus actas de nacimiento en Yucatán, pero nunca se discutió.  

Además, en la legislatura pasada, la diputada Milagros Romero Bastarrachea presentó una propuesta para que la Constitución y el Código de Familia de Yucatán contemplen la figura jurídica de identidad de género como parte de los procesos administrativos, para que las personas trans puedan realizar cambios en sus documentos oficiales. El tema terminó en la congeladora legislativa.

Alex Orué, quien forma parte del Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán, sostuvo que también se tiene que legislar para que las autoridades reconozcan los crímenes de odio y de discriminación de los que son víctimas la población LGBT+.

“Se trata de un asunto de seguridad, pues se están cometiendo crímenes de odio que al Gobierno del Estado no le interesa medir”, criticó.

Por lo pronto, el activista celebró que ayer se cerró el capitulo de los matrimonios igualitarios en la entidad, sobre todo porque no hubo votaciones secretas ni ilegales, como sucedió en 2019 durante la legislatura pasada.

“A pesar de tener un Congreso con mayoría panista, que históricamente ha sido antiderechos, da gusto que al menos en este tema ya entendieron que no está en debate. Desde 2015, la Suprema Corte lo revolvió y, después de tanto años, Yucatán se acopló a lo que dice la Constitución federal”, indicó.