Suemi Rubí no tiene empleo fijo y la despojaron de su casa, pero sigue luchando sola para sacar adelante a su bebé de tres años en plena contingencia sanitaria.

A esto se le suma el temor de que su marido  contraiga Covid-19, pues está recluido en el Cereso de Mérida, en donde hace unas semanas se confirmó el primer caso positivo. 

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 29 de abril de 2020.- En medio de la pandemia de Covid-19, Suemi Rubí Ek Keb se hace cargo sola de su hijo de apenas tres años de edad, no tiene un trabajo fijo y fue despojada de su casa por invasores que se niegan a abandonar el predio.

A esto se le suma el temor a que su marido  contraiga coronavirus, pues se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) varonil de Mérida desde hace casi tres años.

Como se recordará, el pasado 12 de abril se dio a conocer que un interno de 60 años era portador de la enfermedad, pero como manifestaba síntomas leves no necesitó hospitalización. Aunque se encuentra aislado del resto de la población penitenciaria, el riesgo de contagio se encuentra latente.

Para ella hablar del tema no es fácil, así que omitió detallar por qué está encarcelado su esposo y pese a que no entiende bien de leyes, tiene claro que el proceso no fue claro y justo.

“La policía llegó en la noche mientras dormíamos, entró a mi casa sin una orden y se lo llevaron directo al penal, tenía pánico, no sabía que hacer, sólo lloraba”, comentó.

Esa misma noche abandonó su casa porque tenía miedo y se encontraba sola con su bebé de dos meses. También por el susto y esfuerzo, su herida de la cesárea a la que se había sometido se abrió, así que decidió regresar al pueblo de Holactún, Seyé, con su familia. 

Cada 15 días trataba de regresar a su casa en Mérida, ubicada en Dzununcán para vigilarla, sin embargo, el costo de pasaje que asciende a casi 60 pesos y no contar con nadie que cuide a su hijo, le fue imposible seguir con este trote. 

Poco tiempo después, su casa fue invadida por unas personas que se rehúsan a abandonarla, a pesar de que interpuso una denuncia en septiembre, con folio 602/2019,ante la Fiscalía General del Estado por despojo, pero hasta ahora nada ha pasado.

También acudió al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) para solicitar ayuda, pero la opción que le dieron fue rentársela a los invasores.

Afortunadamente, aún conserva su empleo limpiando casas dos veces por semana, sus ingresos son pocos y no alcanzan para todo.  Mientras tanto, su marido trabaja en la maquiladora del Cereso y cobra 200 pesos por semana. “Decidimos que cada quien vería por sus gastos, el solo tiene su paga semanal para sobrevivir en el penal y yo veo por mi hijo”, añadió.

Las visitas son otro tema, desde el 19 de marzo están suspendidas y no ha podido verlo. Lo que más lamenta es que cuando él ingreso al penal su hijo tenía 60 días de nacido y las ocasiones en que han convivido son pocas.

Comentó que tras confirmarse el primer caso de una personas enferma de Covid-19 en el penal, los internos no pueden salir de sus módulos a las áreas comunes como el patio principal, el teatro, el campo deportivo y la explanada central. Solo las personas que laboran en la cocina, la panadería y la lavandería, considerados servicios esenciales que no pueden detenerse, pueden circular afuera de sus zonas.

Aunque teme que su marido se contagie, la tranquiliza un poco que a los internos les entregaron un kit de higiene personal con cubrebocas, gel antibacterial y material de limpieza.

Además, el Gobierno del Estado informó que todos los días se sanitizan los módulos y cuartos, área clínica, maquiladora, edificio administrativo y áreas comunes del edificio penitenciario. También se les toma la temperatura como medida de contención. 

En tanto Suemi vive en libertad, pero se siente sola, perdió su casa, vendió sus bienes para pagar deudas y continúa esperando justicia para recuperar su hogar. Todo esto lo tiene que enfrentar en plena pandemia.