Diputados del PRI, PAN y Morena solicitaron que se realice un análisis exhaustivo del proyecto de dictamen para evitar que se vulnere el derecho a la presunción de inocencia y la no discriminación.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 12 de mayo de 2022.- Durante el análisis de la iniciativa 3 de 3 en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, diputados del PRI, PAN y Morena advirtieron que la redacción de ésta pudiera ser inconstitucional al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y la no discriminación, por lo que solicitaron que se realice un análisis exhaustivo para el anteproyecto del dictamen y de esta manera evitar que sea invalidada por la Suprema Corte.

Como se recordará, esta propuesta busca que las personas que tengan antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios no sean candidatos a puestos de elección popular ni accedan a puestos de confianza en alguna dependencia gubernamental.

El proyecto de dictamen cuenta con propuestas de la panista Carmen González Martín y de la asociación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), la cual fue impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera. Sin embargo, las diversas fracciones legislativas pidieron que la Secretaría General y el Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo revisen que el dictamen cumpla con los requisitos de constitucionalidad.

En la sesión de este jueves, el morenista Rafael Echazarreta Torres presentó propuestas para evitar que el dictamen vulnere la presunción de inocencia. En ese sentido, pidió que en la redacción se establezca que tiene que existir una “sentencia firme” en contra de una persona para impedirle que ocupe un puesto popular o de confianza.

En respuesta, Vida Gómez le recordó que desde noviembre del 2021 se realizaron diversas reuniones de trabajo con especialistas y agrupaciones feministas en las que se tomaron en cuenta este tipo de cambios para cuidar la redacción de la iniciativa, por lo que pidió que se conserve el resultado de ese análisis profundo reflejado en el dictamen.

De igual forma, la diputada de Movimiento Ciudadano señaló que ante la elevada cifra de casos de violencia contra las mujeres en Yucatán es importante legislar con perspectiva de género. 

Por su parte, el coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, Gaspar Quintal Parra, solicitó que se realice un análisis exhaustivo de la iniciativa 3 de 3 para evitar que sea declarado inconstitucional y de esta manera impedir que el trabajo realizado por las colectivas feministas se eche para abajo.

El legislador se pronunció a favor de la propuesta de la sociedad civil de que ningún agresor de mujeres ocupe cargos de representación popular o que forme parte del Estado como funcionario, pero recalcó que es necesario garantizar que el dictamen no viole otros derechos humanos.

El priísta advirtió que la redacción de la iniciativa 3 de 3 pudiera vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, además de que pudiera resultar discriminatoria, ya que se plantea que para que una persona pueda acceder a un cargo no debe contar con antecedentes penales.

Gaspar Quintal hizo énfasis en la importancia de cuidar la constitucionalidad del dictamen que se pondrá a discusión en el Congreso del Estado, para evitar que sea desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como sucedió hace unos días con la ley del “ciberacoso”, que como se recordará, fue invalidada por una redacción ineficiente de la anterior Legislatura.

“Esta iniciativa requiere celeridad, pero sobre todo que el decreto que vamos a emitir tenga la certeza constitucional para que no sea desechado posteriormente. De nada servirá el trabajo realizado por la sociedad civil y las colectivas si se desecha por una redacción equivocada”, explicó.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Víctor Hugo Lozano Poveda, pidió que el Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo en conjunto con la Secretaría General presenten un análisis que sustente la legalidad de la iniciativa para agilizar la aprobación del dictamen y no perder más tiempo.

“La lucha contra la violencia hacia las mujeres es una causa que une, por lo que se requiere la agilización de tiempos, sí, pero también se requiere un producto legislativo a la altura de este problema”, agregó.

En ese mismo sentido, la presidenta de la Comisión, la panista Carmen González, hizo un llamado a cuidar que esta Legislatura no cometa errores jurídicos que pudiera exponer y evidenciar al Congreso del Estado.