Hay que tomar en cuenta que muchas personas corren el riesgo de ser sacadas de sus hogares al quedarse sin ingresos para pagar las rentas, ya sea porque perdieron el empleo o por otras circunstancias provocadas por la contingencia sanitaria en Yucatán.

Hacen un llamado a extender por más tiempo la suspensión de desalojos judiciales de vivienda y abordar esta situación desde un enfoque de derechos humanos.

Por Herbeth Escalante 

Mérida, Yucatán, 8 de junio de 2020.- En la actual pandemia de Covid-19 en Yucatán no sólo se reportan casos de personas que no tienen casa en donde resguardarse, también existe el riesgo de que al acabar la contingencia haya un “boom” de desalojos de quienes, al quedarse sin empleo, no tengan dinero para pagar las rentas.

Así lo advirtió el abogado en Derechos Humanos, Carlos Escoffié Duarte, quien recordó que hay un sector de la población, principalmente el mayahablante, que se encuentra en rezago en cuanto al acceso a vivienda o está en desprotección durante la crisis sanitaria, escenario que podría agudizarse con la difícil situación económica.

En entrevista para Haz Ruido, señaló que el derecho humano a la vivienda no se refiere a adquirir a un titulo de propiedad, más bien a que todas y todos deber tener un espacio idóneo en donde vivir y que éste cuente con las condiciones mínimas para acceder a servicios básicos como el agua potable, que es tan necesario para cumplir con las disposiciones en materia de salud.

En ese punto, recalcó, las personas que rentan casas están ejerciendo su derecho a la vivienda, por lo que no pueden ser desalojadas de manera arbitraria y, en caso de que eso ocurra, se les tiene que proporcionar alternativas.

Escoffié Duarte reconoció como positiva la medida implementada por el Gobierno de Yucatán de suspender los desalojos judiciales desde que inició la pandemia, pero, enfatizó, debería extenderla más tiempo para evitar que la gente se quede en la calle cuando esta acabe.

“Espero equivocarme, pero podría haber un ‘boom’ de desalojos en Yucatán, de personas que sean sacadas de las viviendas al quedarse sin ingresos para pagar las rentas, ya sea porque perdieron el empleo o por otras circunstancias provocadas por la contingencia”, explicó.

Dijo que esto puede suceder porque en la entidad casi no se utilizan contratos de arrendamientos, más bien hay convenios transaccionales, lo que es un invento jurídico yucateco, que prácticamente permite el desalojo sin juicio.

Por tal razón, insistió, es necesario que las autoridades garanticen un “colchón” de tiempo para que tanto arrendadores como inquilinos se puedan poner de acuerdo y conciliar los pagos, de esa manera se evitarían expulsiones. 

“Hay que hacerlo porque se corre el riesgo, a lo mejor no ahora, pero sí al levantarse la contingencia, de que muchas personas sean sacadas de las casas al no poder pagar las mensualidades. Mucha gente se está quedando sin ingresos y no va a poder pagar las rentas”, sostuvo. 

El abogado Escoffié Duarte indicó que fue positivo que hace unas semanas el Gobierno del Estado hizo un llamado a la conciliación entre propietarios e inquilinos para reducir, diferir o condonar las mensualidades; sin embargo, dijo que hay que extender más tiempo las suspensiones judiciales de desalojos para permitir que esos arreglos entre ambas partes continúen y, añadió, este proceso se lleve a cabo con reglas y desde una perspectiva de derechos humanos.

Expuestos al contagio en la calle

El especialista declaró que las personas desalojadas quedan expuestas a un riesgo mayor de contagio de Covid-19, por lo que las autoridades tienen que ser creativas para evitar que enfrenten la pandemia en la calle.

Lamentó que se ha enterado de casos de familias que se quedaron sin vivienda en esta crisis porque ya no pudieron pagar sus rentas, por lo que quedó claro que los efectos de la contingencia en nuestro país tienen que ver con la desigualdad. 

Indicó que una opción para apoyar a esa gente y al mismo tiempo generar reactivación económica, es que el Gobierno del Estado le rente cuartos a los hoteles locales para que puedan pasar el resto de la emergencia protegidos.

Y a mediano plazo, solicitarle a la Federación que libere fondos adicionales para la generación de viviendas para esas personas que pertenecen a grupos vulnerables, que laboran en la informalidad o que no tienen acceso a créditos del Estado.

“Hay que buscar medidas alternativas para viviendas, pero lo más importante ahora, que se atienda la situación de personas que no tienen un techo para pasar la pandemia, pues son las que se encuentran en un riesgo alto de contagio”, finalizó Escoffié Duarte. (Foto de Lorenzo Hernández)