También expusieron que Yucatán se caracteriza por tener altos índices de seguridad, pero a cambio de un importante costo, como la violación a derechos humanos

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 11 de enero de 2022.-  Durante la presentación del informe “La paz como mito: el insostenible modelo de Seguridad Pública en Yucatán”, académicos cuestionaron el por qué el comandante Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Yucatán, ocupa dicho cargo desde 2007, si mientras estaba al frente de la dirección de la Policía Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, hubo una orden de aprehensión que se emitió de parte de un Juez Federal por presuntos delitos derivados de la delincuencia organizada.

 El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) organizó el evento en el que el abogado Jorge Fernández Mendiburu, integrante de la asociación Indignación, expuso que habría que cuestionar sobre la permanencia de dicho funcionario en todos estos años.

“Ha estado en tres administraciones seguidas y eso nos hace preguntarnos cuáles son las causas para que una persona esté con administraciones de distintos partidos y se mantenga como secretario de la Policía Estatal. La Fiscalía del Estado debería investigar a profundidad, ya que se sugiere que esta situación tiene como origen que hay un control sobre la plaza”, indicó.

Hay que mencionar que la orden de aprehensión  de la que hizo mención se remite a 2004, cuando Saidén Ojeda estuvo involucrado en el denominado ‘Caso Cancún’, sostenido con el expediente PGR/SIEDO/UEICDCS/329/04.

En dicho expediente se le dio seguimiento a 13 narcoejecuciones, donde tres de las víctimas fueron elementos de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y Saidén Ojeda fue procesado por delitos contra la salud y delincuencia organizada, como presunto responsable de brindar protección a narcomenudistas.

Sin embargo, la orden de aprehensión fue librada por el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mérida. Esta situación lleva a los académicos y expertos en defensa de derechos humanos a cuestionar el por qué ocupa este cargo.

Además, también expusieron que Yucatán es un estado que se caracteriza por tener altos índices de seguridad, pero a cambio de un importante costo como violación a derechos humanos y surgimiento de casos de tortura durante las detenciones.

 “Es importante romper el mito de ‘Yucatán Seguro’. Hay una violación sistemática a los derechos humanos y que se han generado por el actuar policiaco”, añadió Fernández Mendiburu.

Para sostener esta opinión, también dijo que la prueba es que Yucatán es uno de los estados donde hay mayor violencia de género y crímenes de odio a nivel nacional y sobre todo, con un alta cifra negra.

Para desmitificar la consideración de un ‘Yucatán Seguro’, Jorge Fernández dijo que por ejemplo, Kanasín ha sido colocado entre los primeros lugares entre los municipios con mayor índice  de criminalidad, lo que deja ver que la perspectiva de la Seguridad Pública en Yucatán es clasista.

“Los grupos sociales más afectados en el estado, pertenecen a clases sociales medias o bajas, es decir, las cifras de criminalidad son más altas en entornos sociales invisibilizados por la sociedad”, comentó.

En este sentido, mencionó que la cifra negra de delitos existe porque diversos casos no son denunciados ante la desconfianza hacia autoridades y también por la discriminación que atraviesan las personas durante los procesos.

Durante la discusión de diversas variables en torno a la seguridad en el estado, se puso en la mesa el caso de José Eduardo, el cual ha permitido destapar y visibilizar una situación sistémica de violaciones a derechos humanos, en este caso, cometido por elementos policiacos.

A manera de ejemplo, recordó que de enero de 2018 a junio de 2021 fueron presentadas 965 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de tortura.

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) no cataloga claramente los casos de tortura y esta debilidad institucional coadyuva a que persista la situación de impunidad en los casos de tortura que han sido documentados. Sin duda, hay una grave situación de violación de derechos humanos, por ejemplo, en los últimos cuatro años, han muerto 15 personas en un contexto de cárceles municipales”, agregó.

A pesar de que el crecimiento de la población es desmedido actualmente y sí es una de las razones por las cuales aumenta la situación delictiva, los activistas indicaron que no es el único motivo.

El profesor investigador Sergio Aguayo Quezada, también miembro del Colegio México, dijo que actualmente hay un deterioro de la seguridad en la Península de Yucatán y sobre todo, Quintana Roo es un espejo negativo hacia donde no debe ir la entidad.

De igual forma, Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, mencionó que en Yucatán hay seguridad, pero al costo de que las vidas de personas de diversos sectores sociales corran riesgo, por lo que hay que desmitificar que es un ejemplo de paz, tal como incluso lo ha celebrado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (Publicado en Noticaribe)