Es este año se presentaron más de 600 quejas en contra de la SSP y las Policías Municipales por detenciones arbitrarias, lesiones, despojo de pertenencias, allanamiento de morada, tratos crueles e incomunicaciones.

Las detenciones, que son generalmente arbitrarias, tienen como patrón el uso excesivo de la violencia.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 20 de diciembre de 2019.- Cuando fue detenido por la Policía Municipal en su natal Maní, el señor Gabriel M. fue golpeado salvajemente, fue víctima del abuso policiaco en estas tierras en donde prevalece la tortura como método de castigo para supuestamente garantizar seguridad a la población.

Cuando ingresó a los separos de la corporación no presentaba golpes, pero horas después su rostro era irreconocible.

 Los hechos ocurrieron el 27 de junio pasado y presuntamente fue arrestado por acechar en una ventana; sin embargo, él alega que solo pasaba afuera del predio y que no se merecía ese trato por parte de los uniformados.

Como él, cientos de personas han denunciado haber sido víctimas de abuso de autoridad ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). En este 2019 se duplicaron los casos y se registraron más de 600, que se encuentran en distintas etapas de investigación.

“En quejas contra autoridades policíacas tenemos registradas más de 150. Tenemos dos áreas Oficialía de Quejas y Orientación en donde se presentan y cuando éstas son claras, pasan a Visitaduría y se forman expedientes de gestión. En este rubro, solo en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hay como 350 denuncias y en cuanto cuerpos policíacos municipales  son 240 gestiones, es decir, en total más de 600”, declaró en entrevista el ombudsman de Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana.

En lo que refiere a quejas turnadas a Visitadurías contra Policías Municipales, 180 se encuentran en trámite.

Según la Codhey, las principales quejas de la ciudadanía en contra de los agentes de la SSP y de los municipios son por detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de función pública, lesiones, despojo de pertenencias, allanamiento de morada, tratos crueles e incomunicaciones.

La cantidad de casos que atiende la Comisión por abuso de autoridad contrasta con las Recomendaciones emitidas. De 23, apenas 15 han sido dirigidas a las corporaciones estatales y municipales:

“Son pocas las recomendaciones ante el número de quejas, porque lo resolvemos en la mediación, o porque no hay seguimiento o no se acreditan los hechos, esto hace que se reduzca esta cantidad”, dijo Sabido Santana.

¿Qué opina la sociedad civil?

La agrupación Indignación destacó que  uno de los patrones en las detenciones arbitrarias es el uso excesivo de la fuerza. “Se ha documentado abuso policiaco por elementos estatales y municipales; las detenciones, que son generalmente arbitrarias, tienen como patrón el uso excesivo de la violencia”, comentó el abogado Orvelin Montiel.

Otro de los factores en común, es que la mayoría ocurren en contra de personas indígenas en las comunidades; sin embargo, la ciudad de Mérida no es la excepción.

En referencia al tema, la asociación Elementa en su reciente informe “Derechos Humanos en Contexto: Aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil”, destacó la forma sistemática en que se emplea la tortura para mantener la seguridad y evidencian la incongruencia del discurso político de que en “Yucatán no pasa nada”.