Está por cumplirse un año de que la Policía de Yucatán arrestó arbitrariamente a siete jóvenes en la macha del #25N, a quienes jalonearon, golpearon, insultaron, amenazaron y tocaron sexualmente. Ninguna autoridad ha sido sancionada.

La Codhey aseguró que por la pandemia se atrasó en las investigaciones y se desconoce si emitirá alguna Recomendación en contra de la corporación policiaca.

Por Herbeth Escalante y Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 20 de noviembre de 2020.- Está por cumplirse un año de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron detenciones arbitrarias y vejaciones a siete jóvenes que se dirigían a una manifestación en contra de las violencias hacia las mujeres en Mérida y, hasta el momento, ninguna autoridad ha sido sancionada. Ellas no cometieron ningún delito, pero fueron reprimidas violentamente.

El lamentable hecho ocurrió en el rumbo de Santa Ana, en donde la Policía Estatal implementó un operativo de intimidación hacia las feministas que marcharon el #25N, el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

Sin justificación alguna, la SSP arrestó a siete mujeres -una de ellas estaba embarazada-, a quienes jalonearon, golpearon, insultaron, amenazaron y tocaron sexualmente. Ellas sólo caminaban, se dirigían a la protesta, no fueron sorprendidas realizando algún ilícito.

Esa misma noche del 25 de noviembre del 2019, la corporación envió un comunicado en el que recalcó que la detención de las siete jóvenes fue una “acción preventiva”. Es decir, a partir de sus prejuicios,  las detuvo de forma arbitraria e ilegal, pues no había una causa fundada para hacerlo.

Fue violencia institucional y además, las criminalizó, asegurando que portaban instrumentos peligrosos y objetos punzocortantes, cuando en realidad se trataban de tijeras escolares y pinturas graffiti.

La SSP cometió graves violaciones a derechos humanos, pues las detenciones arbitrarias ocurrieron en el contexto de una manifestación, es decir, cuando las jóvenes ejercían su derecho a protestar, el cual tiene que ser respetado y protegido por las autoridades.

En esa represión, la Policía de Yucatán incluso esposó a una menor de edad, a pesar de que la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes expresamente indica a los cuerpos policíacos evitar hacerlo. Durante el traslado a la cárcel pública, sufrió intento de ahorcamiento.

En el caso de la joven embarazada, los golpes y maltratos le provocaron una amenaza de aborto, por lo que tuvo que recibir atención médica en un hospital público. Sintió que se sangraba y temió lo peor.

El próximo miércoles se cumple un año de estas violencias cometidas por la SSP y el Gobierno de Yucatán en contra de las jóvenes que salieron a la calle a exigir que, precisamente, ninguna mujer sea violentada. Las autoridades guardaron silencio durante este tiempo y se desconoce si alguna de las o los policías que participaron en ese operativo fueron castigados.

 La Codhey no ha emitido ninguna recomendación

Esa noche del #25N, visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) acudieron a las instalaciones de la SSP a brindar apoyo a las siete jóvenes para que sean liberadas. Luego, el 6 de diciembre, el organismo recibió la queja que presentaron las víctimas y prometió investigar. Sin embargo, hasta el momento no ha emitido ninguna Recomendación hacia la corporación por estos actos crueles y degradantes.

Al respecto,    el visitador general Francisco Mendoza Aguilar declaró que el expediente de la queja está muy avanzado, por lo que en breve emitirán una resolución, pero no quiso adelantar si se tratará de una Recomendación.

En entrevista para Haz Ruido, reconoció la demora en las investigaciones y la atribuyó a la actual pandemia de Covid-19, pues la Codhey tuvo que cerrar sus puertas y el personal trabajó en confinamiento en sus casas durante semanas.

“No se podían desarrollar las diligencias e investigaciones, ahora estamos acelerando el paso y estamos por resolver el asunto”, se excusó.

Aunque en un principio la SSP no cumplió con los tiempos para rendir los informes que le solicitó la Codhey sobre este caso, finalmente sí los entregó, por lo que también fueron analizados y contrastados con los testimonios de las víctimas.

Mendoza Aguilar recalcó que desde que las jóvenes interpusieron su queja, la Comisión solicitó medidas cautelares a la Policía Estatal, para que sus elementos de abstengan de realizar actos que pudiera atentar contra su integridad física, su dignidad y su vida, así como la de sus familias.

Sin embargo, todo parece indicar que ningún agente de la SSP fue separado temporalmente de su cargo, es decir, siguieron portando el uniforme impunemente.

Se aproxima otra manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y, en la memoria colectiva de las feministas, siguen presente estos actos ilegales cometidos hace un año. La Policía no las cuida, las violenta. (Fotos de Lilia Balam)