Especialista considera que hay casos en los que las mujeres no pueden denunciar y las agresiones que reciben son recurrentes e incluso implican una amenaza feminicida.

Detalló que en Mérida existe un alto rezago en las carpetas de investigación relacionadas con este delito.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 31 de diciembre de 2021.- La doctora Gina Villagomez Valdés, integrante del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, manifestó que el Congreso del Estado debe aprobar la iniciativa que contempla perseguir de oficio el delito de la violencia familiar.

Como se recordará, en días pasados jóvenes universitarias entregaron una propuesta sobre este tema, con el objetivo de que las víctimas no tengan que presentar una querella en contra de su agresor ya que muchas veces se ven imposibilitadas para acudir a las instancias correspondientes.

Al respecto, Villagomez Valdés manifestó que esta iniciativa le parece correcta y debe aprobarse, pues hay casos en los que las mujeres no pueden denunciar y las agresiones que reciben son recurrentes e incluso implican una amenaza feminicida.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yucatán acumula 875 denuncias por violencia familiar hasta noviembre de 2021, es decir, aproximadamente 80 querellas al mes.

En ese sentido, la activista declaró que la entidad presenta “un problema de violencia familiar muy fuerte que no ha sido atendido como es debido”.

Incluso, dijo que en conjunto con otras agrupaciones feministas han pedido a las autoridades que exista un mapeo para detectar los casos de violencia en el estado, lo cuál no se ha hecho posible hasta ahora.

Aspectos pendientes por cumplir

La académica de la UADY recordó la existencia de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece cuatro aspectos importantes que las políticas públicas deben desarrollar, pero que no se han logrado cumplir en su totalidad.

En primera instancia, explicó, se encuentra la prevención, que debería contemplar programas muy “amplios y agresivos” de visibilización sobre las violencias. Insistió en que este punto no se ha cumplido porque hasta el momento no existen campañas de sensibilización al respecto.

Por otra parte, señaló que no existen los suficientes centros de atención integral para brindar apoyo a las mujeres víctimas de este delito pues en todo el estado sólo hay 17 sitios de este tipo, por lo que hace falta un proyecto que integre a los 106 municipios.

También aseveró que otro obstáculo al interior del estado es la falta de acceso a espacios para hacer las denuncias correspondientes. En el caso de Mérida, dijo que existe un alto rezago en las carpetas de investigación relacionadas con la violencia familiar e incluso referentes al delito de violación, mismas a las que no se le ha dado seguimiento.

“La Fiscalía se ha quedado muy corta y este es el mayor cuello de botella que tenemos en Yucatán”, declaró Gina Villagomez.

Por ello, recalcó que el problema en la entidad en esta materia se define como la omisión por falta de atención jurídica de las autoridades de la Fiscalía para poder establecer la sanción de los agresores.

La doctora refirió que para erradicar la violencia hace falta la creación de políticas públicas dónde se relacionen diferentes sectores gubernamentales como el de la salud, el educativo y laboral.

Entre estas podría contemplarse, por ejemplo, los proyectos productivos que logren el empoderamiento de la mujer y también la aplicación de la NOM 046 que hace referencia a la interrupción voluntaria del embarazo, la cual reiteró que no se aplica en la actualidad.

“Esta falta de atención por parte de las instituciones de gobierno representa una gran violencia institucional de las autoridades contra las mujeres”, puntualizó.

Eso sí, reconoció la reciente firma del convenio que realizó el Gobierno del Estado con los alcaldes de los 106 municipios, para que se hagan responsables de la violencia y los protocolos de atención a ésta en sus localidades. Finalmente, manifestó que esto fue posible gracias a la presión que se ejerció desde la sociedad civil.