Que no se diga que hay «temas más urgentes», la despenalización del aborto no es un asunto menor: es una obligación legal y un tema de justicia social. Hay una orden judicial que exige legislar, y las mujeres de Yucatán no aceptaremos dilaciones.

Por Andrea Tamayo Cáceres #ATACAConIdeas *
@andreatamayocs

Mérida, Yucatán, 18 de febrero de 2025.- Estamos a menos de veinte días del Día Internacional de la Mujer, una fecha que no es para felicitar, sino para conmemorar. Y qué mejor manera de hacerlo que viendo avances reales en los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en Yucatán.

El miércoles 5 de febrero, activistas feministas, académicas, profesionistas y vecinas de diversas colonias de Mérida nos reunimos en el Congreso del Estado para atestiguar un momento crucial en la lucha de los derechos humanos reconocidos en nuestro país: la presentación de iniciativas para modificar la Constitución del Estado de Yucatán, el Código Penal y la Ley de Salud, con el fin de despenalizar el aborto y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Los proyectos fueron presentados por las diputadas más jóvenes de la actual legislatura: mujeres con experiencia en activismos, cercanas a sus distritos y comprometidas con la justicia social. Me refiero a la diputada Clara Paola Rosales (Morena) y a la diputada Larissa Acosta Escalante (Movimiento Ciudadano), quienes, desde sus respectivas trincheras, con el respaldo de abogadas especialistas, colectivas, asociaciones civiles y académicas, decidieron presentar sus iniciativas para hacer que “La Marea Verde” suba en el estado.

Desde septiembre pasado, un Congreso históricamente conservador abrió sus puertas a un foro inédito en la sala “Consuelo Zavala”. Organizado por las Comisiones de Salud Pública y de Igualdad de Género (presididas por Rosales y Acosta), se habló abiertamente del aborto como lo que es: un procedimiento relacionado con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Se abordó también la problemática de su criminalización desde el Derecho Penal, en lugar de reconocerlo como un asunto de salud pública y de derechos sexuales y reproductivos.

Hablar de aborto en Yucatán sigue siendo un tabú, rodeado de estigmas, prejuicios y creencias impuestas, que obligan a las mujeres a continuar embarazos no deseados sin importar las circunstancias. Se anteponen connotaciones morales, religiosas y de roles de género por encima de derechos humanos reconocidos, ignorando la seguridad, las desigualdades y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

La tipificación del aborto como delito en el Código Penal estatal no impide que las interrupciones ocurran. Lo preocupante es que el 45 por ciento de estos procedimientos se realizan en condiciones de peligro, aumentando la morbilidad y mortalidad. Solo el 35 por ciento se llevan a cabo de manera segura, ya sea con medicamentos adecuados o en hospitales como el Hospital Agustín O’Horan, que cuenta con el programa “SAS” para la interrupción mediante “AMEU”, aunque no siempre dispone de los insumos necesarios.

La despenalización del aborto es un tema de salud pública. Cada año, 47 mil mujeres mueren en el mundo por abortos inseguros. En México, a pesar de que se discute desde diversas perspectivas, sigue siendo un asunto politizado, usado como moneda de cambio en intereses particulares e ideológicos. Sin embargo, los derechos humanos no se debaten: se garantizan.

Es cierto que existen políticas públicas progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos: acceso a tratamientos de PEP y PrEP, medicamentos para ETS, anticonceptivos en servicios de salud, programas de prevención del embarazo infantil y adolescente, atención materno infantil y estrategias contra la violencia de género. No obstante, persisten brechas de desigualdad, falta de insumos y barreras institucionales que limitan su efectividad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que el Congreso de la Unión debe derogar los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto, lo que implicará la armonización de leyes estatales. Además, la Corte ha reconocido que penalizar el aborto perpetúa la violencia de género e impone la maternidad obligatoria, lo que constituye una forma de tortura para las víctimas de violación que desean interrumpir su embarazo.

En Yucatán, el artículo 393 del Código Penal establece cinco causales para la interrupción del embarazo, pero en la práctica, muchas veces no se respetan, lo que genera violencia institucional en el sector salud y el sistema de justicia. Las iniciativas presentadas por las diputadas buscan resolver estas inconsistencias jurídicas, despenalizar el aborto y, en el caso de la reforma constitucional, reconocer el derecho humano a una vida digna, entendida como aquella de una persona nacida y reconocida como sujeta de derechos por el Estado.

El 21 de agosto de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte emitió una sentencia a favor de la Asociación Civil “Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (SHSSR) A.C.”, en colaboración con UNASSE A.C. y AbortistasMx. En noviembre de 2021, se interpuso el amparo 2204/2021-III contra el Congreso de Yucatán y otras autoridades por no cumplir con las declaratorias de inconstitucionalidad de la Corte respecto a la criminalización del aborto en el estado. Como consecuencia, el Congreso estatal ha sido requerido para legislar al respecto, por lo que ya no hay pretexto para seguir dilatando el proceso. Las iniciativas deben analizarse, discutirse y dictaminarse cuanto antes para su votación en el Pleno.

Aunque se ha cuestionado la voluntad política del Congreso, donde la mayoría pertenece a partidos afines a la 4T, se asegura que hay los votos suficientes para dar un paso más en el reconocimiento de la dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Que puedan decidir de forma libre, segura e informada sobre su autonomía corporal y plan de vida, sin imposiciones ni transgresiones que limiten su derecho a la autodeterminación.

Pero este es solo el primer paso. Presentar una iniciativa no garantiza su aprobación. La verdadera lucha será en Comisiones, donde se dictaminará antes de regresar al Pleno. Luego vendrá la vigilancia para asegurar su publicación en el Diario Oficial del Estado y su implementación efectiva en los servicios de salud, incluyendo la creación de un registro de objetores de conciencia, una medida contemplada en la iniciativa de la diputada Clara Rosales.

A menos de un mes del 8 de marzo, el Congreso tiene una oportunidad histórica. Que no se diga que hay «temas más urgentes». Este no es un asunto menor: es una obligación legal y un tema de justicia social. Hay una orden judicial que exige legislar, y las mujeres de Yucatán no aceptaremos dilaciones.

Este 8M queremos avances, no discursos vacíos. La lucha sigue, y el tiempo de la justicia es ahora.

*La abogada Andrea Tamayo Cáceres es una Consultora Política y Asesora Legislativa en la Cámara de Diputados, que cuenta con especializaciones en materia de género, derechos humanos, Derecho electoral, y Normatividad y Legislación. Es Directora general de la Consultoría “Gestores Públicos Asociados”. www.asesoresgpa.com