En la investigación del crimen de José Eduardo se debe garantizar que sí funciona el sistema de videovigilancia, que los videos que se presenten como pruebas ante el juez no estén alterados, que sea material puro y no copia de la copia, ni que haya pasado por algún proceso de edición. Hay que dejarlo claro, no puede haber error porque la ciudadanía exige saber qué ocurrió.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 10 de agosto de 2021.- El terrible crimen de José Eduardo Ravelo Echevarría “el güero” no sólo generó consternación en la sociedad yucateca, sino que ésta exige respuestas inmediatas, que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. No quiere filtraciones de videos ni revictimizaciones.

En las últimas horas circuló un video de los instantes previos al arresto de la víctima, el cual lo exhibe en un estado vulnerable y, en vez de abonar a las investigaciones, únicamente provocó el enojo de la gente.

No se vale jugar con este tipo de recursos mediáticos ni prestarse a su difusión, pues sólo ensucia un proceso judicial que está obligado a realizarse con seriedad. Y lo que es peor, causa dolor a la familia.

Por eso en vez de recurrir a esas filtraciones hay que demandar atención a las cámaras de vigilancia a la que tienen acceso las autoridades de seguridad, ya que en este caso tendrán que jugar un papel fundamental para que se sancione a los homicidas.

Desde el sábado pasado las autoridades estatales dieron a conocer la detención de cuatro policías municipales que estarían involucrados en la tortura, violación y homicidio del joven veracruzano, pero eso no significa que se haya hecho justicia, muchos menos que el caso se resolvió. Apenas se realizará la audiencia de vinculación a proceso y todavía no se conocen las pruebas que presentarán tanto los fiscales como la defensa de los imputados.

Por lo pronto se abrió un nuevo capitulo. El alcalde Renán Barrera Concha anticipó que cuentan con videos en los que se constata todo el proceso de detención de José Eduardo, incluidas las 24 horas que permaneció en las celdas y que este material fue entregado a la Fiscalía de Yucatán desde antes que falleciera.

Con estas declaraciones, el panista dejó entrever que sus policías no agredieron a la víctima, quizás por eso mismo previamente hizo un llamado a la autoridades estatales a que realicen una investigación minuciosa. De ser así, cuentan con una prueba fundamental en este caso, la cual no pueden hacer público debido a que se encuentra abierto un proceso penal. Difundirlo sería ilegal en el contexto del sistema de justicia oral y sería contraproducente.

De ahí el dilema en este caso, porque la sociedad quiere saber qué pasó, sobre todo porque se presume que vivimos en una ciudad segura que cuenta con cientos de cámaras por todos lados que, supuestamente, sirven precisamente para evitar delitos o resolverlos.

En ese sentido, de acuerdo con información de la propia Policía Municipal, en el Centro Histórico hay 122 cámaras de vigilancia -en el primer cuadro de la ciudad- a las que tienen acceso, las cuales se adquirieron en el programa Escudo Yucatán. Por tal motivo, es muy probable que se haya grabado el trayecto de la camioneta de la corporación cuando los agentes arrestaron a José Eduardo desde San Juan. ¿Se lo llevaron a la cárcel pública o a otro lado?

Además, en las propias instalaciones policiacas tienen instaladas otras 26 cámaras, según en puntos estratégicos para tener diferentes ángulos de todo lo que ocurre ahí. Estos equipos están en el patio de maniobras –por donde ingresan las patrullas-, en las entradas, en el área de revisión médica y por supuesto, en todas las celdas. 

Por eso urge revisar esas 148 cámaras de seguridad, para tener certeza de lo ocurrido, para que se aclare lo que sucedió y se castigue a los culpables del atroz crimen. No hay pretexto, esa tecnología tiene que funcionar, debe emplearse con responsabilidad para que no haya la menor duda de que los homicidas estarán en la cárcel.

¿Los fiscales recurrieron a los videos entregados por el Ayuntamiento para solicitar la imputación de los cuatro policías? ¿Qué encontraron en ese material?¿Hay pruebas contundentes en éstos para procesarlos y se haga justicia? ¿Está grabada la golpiza y el ataque sexual al joven? ¿Qué sucedió en esas 24 horas?

Sorprendió que Barrera Concha haya dicho que José Eduardo salió por su propio pie de las instalaciones policiacas y que todo lo tienen grabado. De ser cierto que no fue violentado adentro, entonces ¿qué fue lo que le sucedió a la víctima?

Seguramente saldrán más interrogantes por este caso, tomando en cuenta que el joven fue liberado de su arresto administrativo el 22 de julio y que la denuncia y su ingreso al hospital O´Horán se realizó el día 24. Es decir, la Fiscalía tampoco puede descartar indagar sobre lo sucedido en esas 48 horas.

Y ojo, las autoridades también están obligadas a demostrar que el sistema de videovigilancia del aparato de seguridad funciona, porque también deben existir grabaciones del camino que tomó “el güero” cuando se trasladó a la casa en donde vivía una vez que estuvo libre.

Y lo más importante, se tiene que garantizar que los videos que se presenten como pruebas ante el juez no estén alterados, que sea material puro y no copia de la copia de la copia, ni que haya pasado por algún proceso de edición. Hay que dejarlo claro, no puede haber error, todo tiene que ser transparente.

No está de más recordar que hay que impedir que se filtren videos como el de hace unos días, que no sólo está editado, sino que es totalmente revictimizante, inmoral y causa agravios a la familia. Nada justifica un crimen y no es válido insultar a la sociedad con ese tipo de materiales.