El gobierno yucateco es el sexto con menor presupuesto en procuración de justicia y, aunque no  existe una sobrecarga preocupante en los ministerios públicos, esto no significa que no hay una alta demanda de justicia penal.

Por René Ramírez  Benítez* 

Mérida, Yucatán, 7 de noviembre de 2019.-En Yucatán, los temas que más preocupan a la sociedad son el desempleo, la pobreza y la corrupción, esto de acuerdo con la organización Massive Caller, en su encuesta con fecha de 15 de junio de este año. 

En esa lógica y a diferencia de otras partes del país, dentro del imaginario colectivo de nuestra entidad, la inseguridad no es parte de los temas de mayor preocupación local, y ello también se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI en junio de 2019, donde  de Mérida se coloca dentro de las ciudades con menor índice de percepción social sobre la inseguridad. 

Sin embargo, tenemos que recalcar que la corrupción sí se sitúa dentro de lo urgente (socialmente hablando), y el combate a la corrupción conjugado con la violencia, son síntomas de una degradación del estado de derecho. Yucatán en ese sentido, no posee síntomas graves de un desgaste institucional  o jurídico, pero sí tenemos señales de alerta dentro de algo sumamente fundamental para mantener la tranquilidad y combatir la corrupción: la procuración e impartición de justicia. 

Respecto a esto, los yucatecos tenemos una alta confianza en el ministerio público, y somos el segundo estado con mayor índice en este rubro, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI. Esto resulta prometedor, ya que al contar una alta legitimad social con los ministerios públicos, tenemos buenas oportunidades de generar nuevas prácticas que abonen a un mejor estado de derecho y seguimiento de los delitos cometidos.

En el escenario nacional no vemos esta situación local, ya que México se encuentra en el lugar 115 de 126 países evaluados en el índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index 2019), que investiga la efectividad de en la investigación, prevención del delito y reinserción social, no discriminación, imparcialidad, ausencia de corrupción, injerencia política y debido proceso, todas del sistema de justicia penal. 

Con este panorama general, vemos que nuestro país tiene una agenda pendiente y crítica con la justicia penal y el combate de la impunidad dentro de este rubro, a pesar de tener un nuevo sistema de justicia penal llamado: acusatorio adversaria y oral, que privilegia un mayor respeto a los derechos humanos de los detenidos, indiciados, imputados o sentenciados, así como de las víctimas. Es preocupante que en todas las entidades federativas de la república mexicana,  se rebasa el 90% de impunidad de la totalidad de delitos cometidos entre 2010 y 2016. 

Esta reforma estructural del 2008 del sistema penal mexicano, modificó completamente la concepción antigua y generó un nuevo modelo de justicia, o al menos esa era  la intención. Debemos señalar que Yucatán fue de los primeros estados en implementar las reformas necesarias para instaurar este nuevo de procuración e impartición de justicia. Nuestro estado tiene un avance a nivel nacional destacable, ya que es la cuarta entidad federativa con el mayor número de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, generado un mayor acercamiento y atención de los aparatos estatales para y con los ciudadanos. 

Sin embargo, este dato contrasta con el hecho de que a nivel nacional, el gobierno yucateco es el sexto con menor presupuesto en procuración de justicia (IMPUNIDAD CERO 2019, 33). Afortunadamente, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, nos encontramos por debajo de la media nacional en el lugar 9 de 32 de cargas de trabajo promedio por ministerio público, lo  que se traduce no existe una sobrecarga preocupante como en otros estados, pero tenemos que señalar que esto no puede  leerse como que no exista una alta demanda de justicia penal o pocos avances de las instituciones con las investigaciones. 

Si conjugamos otros factores como la capacitación de los operadores, infraestructura y avance legislativo en la materia, tiene como resultado que Yucatán tenga la mejor puntuación a nivel nacional en el índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 (IEDPF 2019), elaborado por la organización IMPUNIDAD CERO y los investigadores Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez. 

En este sentido, el Índice de Procuración de Justicia 2019  muestra que tenemos la segunda mejor procuración de justicia del país.  A pesar de los datos alentadores, existen cifras preocupantes sobre que tan efectivos han sido los operadores en el nuevo sistema de justicia penal (acusatorio adversaria), ya que conforme al IEDPF 2019, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional, en el puesto 13 del país, y si una persona es víctima de un delito, solo tiene el 1.5% de probabilidad de que se esclarezcan los hechos, teniendo un porcentaje de impunidad del 90.4%; esto nos reprueba en términos de la efectividad del modelo acusatorio en la procuración de justicia, estando nuevamente por debajo de la media nacional. 

Por otro lado, un tema pendiente es el desarrollo policial y los encargados de encarar y combatir la delincuencia menor en la entidad. En este tema, la organización Causa en Común desarrolló el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), que evalúa la carrera policial, como es el perfil de los cargos; la profesionalización, entendiéndose como una academia que prepare a los elementos policiacos; el régimen disciplinario, como sus exámenes de control de confianza; la seguridad social, que es una parte de las prestaciones a las que deberían tener acceso; y la certificación, lo cual es la promoción dentro de la institución según el desempeño mostrado. 

De acuerdo con INDEPOL 2018, Yucatán tiene una calificación reprobatoria (-54 puntos conforme a la evaluación del índice) en los puntos antes mencionados, pero existen mejoras y avances en temas de transparencia y acceso a la información pública a cargo de la Secretaría de Seguridad. Según esta evaluación, dentro de la corporación policial yucateca, es necesario y fundamental consolidar el régimen de seguridad social y además prestaciones laborales; generar un mecanismo de profesionalización de los elementos para que se conviertan y consoliden como profesionales de la seguridad ciudadana, así como operativos de control de confianza, ya que en 2016 se detectaron 282 elementos que no aprobaron dicha evaluación, y en 2017 no se reportaron bajas por el tema. En último término, es primordial instrumentar mecanismos disciplinarios como un código de ética, catalogo de faltas y sanciones y acompañamiento a policías por asuntos psicológicos o de otra Indore. 

Como podemos ver, existen avances y puntos a favor por parte de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en términos del  sistema acusatorio adversarial, sin embargo, no podemos cantar victoria, ya que en conjunto vivimos en un país difícil y complejo en la materia de justicia penal, y debemos apostarle a la autocrítica para poder detectar las zonas de oportunidad. La nueva administración estatal debe apostarle a un mejoramiento estructural profundo de la corporación policial y ministerial.  

*Analista político y columnista en diversos medios de comunicación.

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