La CNDH se ha coronado como el organismo autónomo más negligente; sin embargo, destaca por ser la más grande lambiscona del régimen que ha empobrecido las causas sociales en tiempo récord de cuatro años; sin duda, es una Piedra en los zapatos de todas las personas que luchamos por una vida digna, libre de discriminación y todo tipo de violencias.

Por Andrea Tamayo Cáceres #ATACAConIdeas 

Mérida, Yucatán, 12 de diciembre de 2022.- El pasado sábado 10 de diciembre se conmemoraron 74 años de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento reconocido y ratificado por nuestro país.

En la actualidad, México se enfrenta a una lamentable crisis de reconocimiento, protección y garantía de hacer valer y velar por los derechos humanos de todas las personas y no lo digo yo, lo dicen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina, debido a los atropellos en las labores de las personas defensoras.

En este país, ser activista se ha convertido en un trabajo de alto riesgo, prácticamente suicida. Los números lo demuestran, tan sólo en lo que va de este sexenio han asesinado a casi 100 representantes de luchas sociales por derechos humanos, como los sexuales y reproductivos de las mujeres, el medio ambiente, la libertad de expresión o evidenciar la corrupción y la falta de acceso a la justicia.

Por desgracia, los discursos estigmatizantes vienen de «representaciones populares» en el poder que quieren callar las voces que les perjudican al señalar las realidades que se viven en el territorio mexicano.

Las personas defensoras de derechos humanos formamos parte de las incomodidades de la administración federal actual, que nos ha dado la espalda diciendo que somos del «neoliberalismo, opositores a la transformación, conservadores y -casi, casi- enemigas de la nación».

Pero ¿en realidad quién vulnera a quién? En octubre pasado, se destapó una cloaca de violaciones sistemáticas a la privacidad en las comunicaciones cuando la «Red en Defensa de los Derechos Digitales» en coordinación con otras agrupaciones, dejaron al descubierto que en el gobierno de la 4T se perpetúan mecanismos de espionaje ilegal por el programa «Pegasus» y que, además, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuenta con un registro de las colectivas, asociaciones y agrupaciones defensoras de diversos derechos humanos de todo el país.

Considero que la respuesta a la pregunta anterior es clara con ese ejemplo y muchos más que a diario se reflejan en las notas rojas que gritan que atravesamos una de las peores crisis de inseguridad que ha vivido el país, desde el 2006 cuando Felipe Calderón quiso hacernos creer que llevaba una estrategia con el Ejército en contra del narcotráfico.

Hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha coronado como el organismo autónomo más negligente; sin embargo, destaca por ser la más grande lambiscona del régimen que ha empobrecido las causas sociales en tiempo récord de cuatro años; sin duda, es una Piedra en los zapatos de todas las personas que luchamos por una vida digna, libre de discriminación y todo tipo de violencias.

Rosario ha dejado muy en claro, tras su comparecencia el jueves pasado en el Senado de la República, que vive en otra realidad totalmente ajena a la del 64.4 por ciento de la población mexicana que dice sentirse insegura en su ciudad. El derecho a la paz y a la seguridad han sido olvidados…

Por supuesto que la responsabilidad de lo que acontece no recae de forma exclusiva en el organismo autónomo, sino que es tan sólo la «punta del iceberg» de los principales factores que dan lugar a la violencia: la corrupción  entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, el crimen organizado, el uso desmedido de la fuerza, el tráfico de drogas, personas y armas, por mencionar algunos.

Es triste aceptar que en México vivimos en la impunidad pues, de acuerdo con el informe de la CIDH, 98  por ciento de las personas que cometen delitos no enfrentan consecuencias.

A pesar de todo, las personas defensoras de derechos humanos aquí seguimos, en resistencia a las intimidaciones y alzando la voz en el ejercicio de nuestro derecho a la protesta, ya sea de forma independiente o colectiva, en persona o por medios digitales, lo importante aquí es que no nos vamos a callar.

Nuestra libertad de expresión no tiene precio, la exigencia de justicia por los crímenes sin resolver continuará. Vamos a seguir señalando las deficiencias del Sistema y del Estado que representan un obstáculo para la paz, la verdad, la reparación del daño y la no repetición.

Las personas jóvenes no deberíamos guardar silencio, sino señalar todo aquello en lo que no estemos de acuerdo porque repercute en nuestra calidad de vida, en nuestros derechos.

Asimismo, las mujeres que somos activistas debemos continuar pidiendo que el Estado implemente la perspectiva de género en sus actuaciones, que la violencia machista se erradique y que las acciones en contra de la violencia de género sean efectivas.

No hay que perder de vista que Yucatán tiene cifras altas en materia de desaparición forzada de niñas y mujeres, situación que demuestra que una cosa es la percepción de seguridad y otra la realidad fría de los informes oficiales, por lo que bajar la guardia no es opción.

En verdad espero que todas las ONG y voces defensoras de derechos humanos estén equivocadas con sus pronósticos de violencia a manos de las Fuerzas Armadas desplegadas en todo el país por la militarización. 

Pido por un 2023 en el que, verdaderamente, se garantice la integridad de todas las personas. (Ilustración de iStock)