Dichos y hechos: Los partidos políticos tienen que entender que la ciudadanía seguirá alzando la voz en los tribunales para evitar simulaciones en las candidaturas paritarias e indígenas.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 13 de mayo de 2021.- Si algo nos dejó el actual proceso electoral en Yucatán es que los partidos políticos ya no deben seguir simulando candidaturas ni usurpar los espacios de aquellos grupos poblacionales que históricamente han sido discriminados. Los tiempos cambiaron y ya no pueden seguir fingiendo.

La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TPJF) dio bofetadas de realidad a los partidos en dos temas de vital importancia: que las mujeres tienen que ser postuladas en igualdad de condiciones en los municipios con mayor población, y que las candidaturas indígenas tienen que ser para personas mayas. 

Las acciones afirmativas tienen como objetivo ir recuperando parte del camino para aquellos sectores que durante décadas han sido blanco de discriminaciones y negación de derechos políticos. Y bueno, para los partidos sólo son trámites que se pueden burlar con algunos ajustes en sus procesos internos de selección de candidaturas.

Pero ahora, al menos en estas elecciones, los ministros dejaron de manifiesto con sus sentencias que ya no se pueden permitir simulaciones y que los partidos tienen que demostrar con hechos que de verdad están a favor de impulsar posiciones políticas para aquellas personas que pisotearon en el pasado.

Y por supuesto, todo esto se está logrando principalmente por la fuerza de la ciudadanía que alzó la voz para exigir un alto a las hipocresías electorales. La sociedad civil está harta de que lleguen al poder los mismos de siempre, y que la “igualdad” de quede en los dichos, en los discursos proselitistas.

Como se recordará, en marzo pasado la Sala Superior falló a favor de académicas y activistas feministas que lucharon legamente durante meses para que los partidos postulen para las alcaldías a mujeres en 15 de los 30 municipios más poblados de la entidad. Es decir, que exista una verdadera paridad sustantiva.

Esta demanda obedeció a que los partidos, encabezados por hombres, suelen candidatear a los de su mismo género en las localidades más importantes del estado, es decir, los que cuentan con mayor presupuesto. Desde su postura machista, a las mujeres las mandan a competir en los municipios más pequeños y hasta hace poco, en los de baja competitividad.

Los partidos no se esperaban la respuesta del Tribunal –y quizás también fue una sorpresa para las propias activistas-, pero el primer gran paso ya se dio. Ahora hay que repensar cómo evitar otras añejas prácticas machistas en las que los hombres colocan a sus esposas en su lugar para seguir ejerciendo el poder en los municipios.

El caso más reciente fue la decisión de la máxima autoridad electoral con la que confirmó la revocación de las candidaturas de Liborio Vidal Aguilar (PAN), Alpha Tavera Escalante (Morena) y Jorge Canul Rubio (MC) en el distrito federal I de Valladolid. Esa diputación es para una persona indígena, no para ellos.

Pobladoras y pobladores mayahablantes utilizaron herramientas jurídicas para “bajarlos” de la contienda porque, evidentemente, dichos políticos estaban usurpando espacios que obligatoriamente son para personas originarias.

Como todo cacique priísta,  Liborio Vidal acaparó esa curul indígena hace unos años y luego impuso a su sobrino Jesús Vidal Peniche en esa misma demarcación. Ninguno de ellos es maya, por lo que esta vez no hubo recovecos legaloides para volver a burlarse de la población del oriente.

Estas elecciones marcan un antes y un después: La sociedad civil ya cuenta con más fundamentos para echar abajo candidaturas simuladas y los partidos no podrán darse el lujo de volver a perder en tribunales.