Dichos y hechos: Aunque ahora abandera causas progresistas y felicita a activistas LGBT+, en el 2009 no ejerció su facultad de vetar la reforma al artículo 94 que obstaculizaba las uniones entre personas del mismo sexo. Como gobernadora,  fue complaciente con los grupos anti-derechos de Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 28 de agosto de 2021.- A las pocas horas de que el Congreso del Estado aprobó el matrimonio igualitario en Yucatán, surgieron las voces oportunistas de políticas y políticos que en el pasado no sólo se quedaron callados al momento de que la sociedad exigió igualdad de derechos, sino que fueron omisos o pusieron trabas para perpetuar la discriminación.

Tal es el caso de Ivonne Ortega Pacheco, quien en los dichos ahora pregona que abandera causas progresistas con su nuevo partido, Movimiento Ciudadano, pero en los hechos no ejerció sus facultades como gobernadora del Estado para quitar el candado al artículo 94 que prohibía las uniones entre personas del mismo sexo.

Hace unos días, en sus redes sociales, se pronunció a favor de que todas las personas tengan todos los derechos, y reconoció el trabajo de activistas de Yucatán que lucharon para hacer posible que se aprobara el matrimonio igualitario… sí, a los activistas que ignoró durante su gobierno.

Retrocedamos a 2009, cuando el PRI, su entonces partido, era mayoría en el Congreso del Estado y reformó el mencionado artículo para que la figura del matrimonio sea exclusivo entre un hombre y una mujer, y de esa manera poner una barrera a las parejas LGBT+.

Se trató de una iniciativa ciudadana impulsada por grupos anti-derechos ligados a la iglesia –como Red ProYucatán-, que recolectaron más de 7 mil firmas para cerrarle el paso a la comunidad de la diversidad sexual y de esta manera obstaculizar su derecho a casarse.

En una sesión legislativa del Pleno de ese año, en la que por cierto, también se reformó la Constitución para criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir la gestación, el PRI y el PAN fueron complacientes con esas organizaciones conservadoras y se concretó uno de los actos más discriminatorios en Yucatán.

¿Y que pasó con Ivonne Ortega? Bueno, tras aprobarse el dictamen en la que se modificó el artículo 94, el Legislativo se la envió al Gobierno del Estado para que la publique en el Diario Oficial del Estado y de esta manera pueda entrar en vigor. En ese proceso, ella como gobernadora pudo vetar la ley por ser violatoria de derechos humanos.

Pero no, al contrario, publicó el dictamen en el Diario de inmediato, como si violar derechos fuera algo urgente. Es decir, no se dio a la tarea de vetar una ley que claramente era discriminatoria y vulneraba a las personas LGBT+. Pudo frenarla y plantearle al Congreso sus razones para que no entre en vigor, e incluso mandar una contrapropuesta.

Si de verdad estaba comprometida con que se respeten los derechos de todas las personas y se proteja a los grupos históricamente discriminados, debió ejercer su facultad de veto con el que contaba por ser gobernadora. Sin duda, también fue protagonista en ese lamentable episodio que fue un retroceso en materia de derechos humanos en Yucatán.

Es más, si en realidad hubiera tenido esa voluntad progresista, su Consejería Jurídica pudo enviar al Congreso alguna iniciativa a favor de los matrimonios igualitarios, dependencia que por cierto estaba a cargo de Sergio Cuevas González, quien actualmente es el abogado de Movimiento Ciudadano en Yucatán y que es uno de sus políticos más fieles.

Tampoco olvidemos que en su gestión ignoró a su amigo Gonzalo España “Mammie Blue”, artista y activista LGBT+, quien en varias ocasiones le pidió que intervenga a favor del matrimonio igualitario y otros derechos. Y por supuesto, se quedó callada antes las exigencias de asociaciones defensoras de derechos humanos como Indignación, Foro Amaro, Oasis San Juan de Dios y UNASSE, precursores de la lucha por el reconocimiento de esas uniones en Yucatán desde hace años.

Los que están en el poder, los políticos que se encuentran en posiciones importantes de toma de decisiones, son los que tienen que garantizar que haya una verdadera igualdad y que se implementen políticas públicas para erradicar prácticas discriminatorias. De lo contrario, sus felicitaciones en redes sociales son superfluos oportunismos.